Para hablar de la independencia del Poder Judicial debemos hacer referencia en principio a la libertad que todo juez o magistrado debe tener en el ejercicio de su función propia de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La claridad del art. 307 de nuestra Constitución en este sentido es meridiana. Sin embargo, al respecto podemos afirmar que la inmensa mayoría de los jueces que ejercen en Honduras, no mantienen con absoluta normalidad esa independencia en el desarrollo de la jurisdicción que tienen encomendada para servir con tecnicismo jurídico, dentro de una verdadera profesionalidad. Porque si hay un poder del Estado que ha vivido bajo el constante manoseo de los políticos es el Poder Judicial de Honduras.
Hoy más que nunca, el Poder Judicial más que manoseado está sometido a la voluntad de un hombre, con la intención de ponerlo al servicio de una causa ideológica que reconoce como única soberanía el orden internacional que vive para enfrentar a Estados Unidos, por considerar que este país es la causa de todas las desgracias del planeta, una obstinación enfermiza que se separa del objetivo de la justicia.
En este momento no es posible establecer de manera legal el quorum del pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero la magistrada presidente Rebeca Ráquel de Melara, recibiendo instrucciones del propietario del PLR, ha convocado a sesión para este viernes, a pesar de que varios magistrados propietarios tienen excusa médica certificada para ausentarse por un determinado tiempo, mientras otros magistrados están ausentes del país por distintas razones. La convocatoria está fijada para este viernes, porque así se lo han ordenado desde el alto mando del PLR a la magistrada Rebeca Ráquel de Melara, que parece no sopesar que el empecinamiento político de quien le ordena, la expone a incurrir en abuso de poder.
El quid de la convocatoria forzada es porque al alto mando del PLR le urge adoptar, a manera de revancha política, la derogatoria de la ley que dio vida a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, un modelo de inversión protegida que existe en varios países, incluso en Venezuela y Cuba, pero que al propietario del PLR se le metió entre ceja y ceja que es un atentado a la soberanía, y que todo aquel diputado que votó por la aprobación de las ZEDE sea objeto de las más severas sanciones, de ser posible colgados o ajusticiados, todo sea para sacarse la espina de no poder con la oposición mayoritaria que le ha puesto freno a su intención de controlar los organismos electorales.
Una cosa nada tiene que ver con la otra, porque la derogatoria de cualquier ley no va seguida de un ajusticiamiento legal, y quien así lo pretenda, se expone a que por abuso de poder deba pagar las consecuencias tarde o temprano. Ninguna ilegalidad ha sido cometida con tanta atrocidad como cuando se impuso por la fuerza al diputado Luis Redondo en la presidencia del Congreso Nacional, actuando desde el principio hasta hoy como un usurpador de una función pública importante.
Se dice que la forzada convocatoria del Poder Judicial tiene en agenda confirmar el «Decreto de Amnistía», aprobado con todos los ribetes de ilegalidad, constituyendo en si un verdadero marco de impunidad para varios exfuncionarios del gobierno de 2006 que presidió Mel Zelaya, lo que de llegar a hacerse con un pleno hechizo de la Corte, completado con suplentes, y con un desconocimiento perverso de las excusas que justifican a los magistrados ausentes, sería la peor monstruosidad judicial de la historia. Todo por la obstinación de una persona que tiene sed de venganza política, para demostrarle a la oposición que es mayoritaria, que al tener el control de las instituciones y la voluntad para ponerlas a jugar enchute, puede poner a todo mundo contra la pared.
Que el órgano de gobierno del Poder Judicial tiene una naturaleza política desde el momento en que los magistrados son nombrados por el Congreso Nacional no se discute, sin embargo su deber legal y moral es ejercer una parte esencial de la gobernación de toda la nación, siendo esto último un aspecto que también es indiscutible, como también lo es el hecho de que debe mantener una adecuada relación de colaboración y engranaje con los otros poderes del Estado, sin que esto signifique sumisión. Otra cosa es que el Poder Judicial llegue a caer marcadamente politizado en su configuración como en sus actuaciones, que es el caso presente.
El que, el partido gobernante quiera usar al Poder Judicial como punta de lanza para vengarse de los adversarios políticos que le ganan en mayoría, afectando a miles de personas que se benefician de un modelo de desarrollo económico, y para garantizar el blindaje de impunidad a varios de sus camaradas, es algo que repugna palmariamente y enloda la naturaleza y características de la función del gobierno judicial en el seno de un Estado de Derecho, que debe distinguirse por la absoluta independencia y alejamiento de cuanto represente el nefasto partidismo político.
Si la magistrada presidente del Poder Judicial, Rebeca Ráquel de Melara, persiste en su convocatoria forzada, debe saber que se expone a sufrir graves consecuencias, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. No solo es cuestión de perder la visa americana, ella y sus familiares próximos, que es lo mínimo; como abogada debe saber que las cortes de EEUU están ansiosas por extender su brazo para alcanzar a todo aquel funcionario deshonesto de cualquier país que afecte los intereses de EEUU.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 19 de septiembre de 2024.