Son muchas las preocupaciones que suscita la reciente denuncia de las organizaciones de sociedad civil, por el movimiento ilegal de varios jueces de los tribunales de justicia, con el objetivo inconstitucional de controlar las estructuras del Poder Judicial por parte del partido gobernante Libertad y Refundación. El Poder Judicial es extenso en su composición y hasta ahora, con la distribución de los diferentes jueces en los distintos tribunales mantenía su funcionamiento independiente del manoseo de los políticos y muy especialmente del partido de gobierno.
De acuerdo a la denuncia formulada por organizaciones de sociedad civil, los movimientos ordenados por la presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es fiel a las instrucciones del PLR, buscan controlar las estructuras de manera que los cargos movilizados sean ocupados por jueces que son afines al proyecto político del PLR. Ha llegado la hora del análisis sosegado sobre estos movimientos que buscan colocar en los tribunales clave, a jueces que están alineados políticamente con el PLR, que pertenecen a la llamada «izquierda judicial», donde el horizonte es responder en forma deliberada con sus sentencias, para favorecer las decisiones políticas del partido gobernante PLR.
Cuando Montesquieu en «El Espíritu de las Leyes», declara que, de los tres poderes del Estado, el de juzgar es «de alguna manera nulo» es porque la centralidad del Estado se reserva a los dos poderes políticos, el Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, con el tiempo este pensamiento cambio, al imponerse la nueva construcción teórica de que, el Poder Judicial es exclusivamente para impartir y administrar la justicia, alejado de las influencias de los otros dos poderes.
Siempre los gobiernos le han querido meter mano al Poder Judicial, pero es hasta ahora cuando se observa una práctica jurídicamente impropia de controlar las estructuras del poder que imparte la justicia, algo que no ha tenido éxito por parte de ningún gobierno anterior y porque, según las referencias que tenemos desde que éramos estudiantes de la Facultad de Derecho, ningún gobierno se atrevía a penetrar las estructuras del Poder Judicial, diseñadas para evitar la penetración política en los tribunales.
En este Gobierno del PLR es cuando se denuncia la composición de una mafia integrada por jueces para extorsionar a los litigantes de los juicios, pidiéndoles fuertes sumas de dinero a cambio de acomodar las sentencias, como aconteció con el juez Marco Antonio Vallecillo, quien fue pillado con las manos en la masa mientras recogía una fuerte suma de dinero, que según su propia confesión era para un familiar de una alta magistrada del Poder Judicial, una declaración tan oscura como ambigua que implicó al pleno del Poder Judicial y que hasta el día de hoy no ha sido aclarada. En cualquier otro país, este hecho vergonzoso hubiera provocado un remezón en el Poder Judicial, desde la renuncia de la presidente, algo que hubiera sido forzado por el resto de la Corte Suprema, puesto que el Juez Vallecillo al momento de ser detenido amenazo con «enmierdar a muchas personas de la Corte», según lo manifestado por el juez y que reproducimos al pie de la letra, conforme su declaración.
Con semejante antecedente, más los movimientos ilegales que se están dando últimamente en el Poder Judicial, concuerdan que el PLR quiere tener garantizado la impartición de una justicia a su manera, estructurando un Poder Judicial que mantenga una predica que jurídicamente es impropia, puesto que una justicia controlada es injusticia, pues lejos de garantizar los derechos de los ciudadanos, las instituciones y empresas, lo que se tendría es un poder judicial al servicio y gusto del partido gobernante en detrimento y perjuicio de la sociedad.
En ese horizonte tan nebuloso, con un Poder Judicial controlado en todas sus estructuras, como nunca antes lo tuvo ningún partido político, la primera consideración que debe hacer la sociedad es la conciencia de que en Honduras habrá una justicia viciada con el sello del PLR. Y si antes se acusó a los políticos de esmerarse por tener ascendencia sobre determinados tribunales, el paso que da el PLR se lleva la cerca, porque ahora no se trata de dominar determinado tribunal, el PLR se propone controlar todas las estructuras del Poder Judicial, un paso verdaderamente monstruoso, según la denuncia de las organizaciones de la sociedad civil.
En consecuencia, hablar hoy de un Poder Judicial independiente, ajustado al principio de independencia de poderes, resulta no solo una utopía, sino una falsedad que a mi juicio es un atentado al Estado de Derecho, y que no puede consentir la sociedad en general, comenzando por los partidos de oposición que desde el Congreso Nacional deben expresar su rechazo a la maniobra politiquera del PLR de despedazar el Poder Judicial mediante el movimiento ilegal de los jueces.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 10 de diciembre de 2024.