El Gobierno de Xiomara Castro, en su política de confrontación y aislamiento, escogió la soga para colgar a Honduras. Abandonar el Centro Internacional de Arreglo a las Diferencias de las Inversiones (CIADI), representa un retroceso en el escenario de las inversiones extranjeras, que buscan los países donde haya suficiente seguridad jurídica. Con tanto incumplimiento de las leyes por el sector oficial, sacar a Honduras del CIADI es el mensaje más negativo que repercutirá en ahuyentar a los inversionistas que verán más reducidos los espacios de seguridad jurídica, y, por consiguiente, los que están en Honduras estarán contemplando trasladar sus inversiones a otros países, mientras los que contemplaban venir a nuestro país, es casi seguro que desistirán de hacerlo.
El CIADI actúa como una entidad de arbitraje internacional, un tipo de arbitraje de Derecho Privado que protege las inversiones en un país, pero también los derechos del Estado, de manera que equilibra los derechos de los inversionistas y los derechos del país. Sin embargo, en un gobierno que irrespeta los beneficios de los inversores, el CIADI actúa con una ponderación sin admitir dualidades, y esto solo es posible si se hace con arreglo a las normas jurídicas vigentes, haciéndolo con sujeción a su saber y entender.
Desde que asumió el poder el Gobierno de la Presidente Xiomara Castro, la norma ha sido la de desconocer los contratos suscritos entre gobiernos anteriores y empresas inversoras extranjeras. En casi tres años de Gobierno de Xiomara Castro, esta administración enfrenta más de 15 litigios entablados por empresas extranjeras por considerar que han sido afectados en sus derechos contraídos a través de sus inversiones en los gobiernos anteriores. Los inversionistas, algunos de origen estadounidense, han acudido al CIADI y varias de las reclamaciones han llegado a las altas esferas políticas de Washington, lo que hace que el gobierno de EEUU les ofrezca su protección de conformidad a la legislación de ese país.
El arbitraje comercial no es un arbitraje convencional, nace de los tratados que se han celebrado en el marco de convenios internacionales a los que se suscriben los países. Suscribirse al CIADI es una especie de garantía jurídica que ofrece un país a los inversores extranjeros que mueven sus capitales a otros países donde se les ofrecen condiciones seguras para desarrollar negocios. Esto, por supuesto, es lo que genera la creación de empleo masivo, que es lo que necesitan países como el nuestro, donde una de las mayores necesidades es obtener un puesto de trabajo.
Al abandonar el CIADI no hay otra instancia a la cual suscribirse, que genere la confianza necesaria en los inversionistas, por lo que nuestro país, igual que Cuba, Venezuela y Nicaragua, pasa a engrosar la lista de países inseguros y nada confiables para los inversores. Con este mal paso, el Gobierno de Xiomara Castro lanza el peor mensaje al ámbito de los inversores extranjeros: o se apegan a las reglas propias del gobierno o se marchan a echar pulgas a otro lado. Es decir, el gobierno se queda siendo el juez con criterio radical omnipotente, dictando las reglas a conveniencia, dejando en franco desamparo a los inversionistas.
Este, que sin duda es un paso peligroso para los hondureños que viven de un puesto de trabajo, hará que muchas empresas decidan retirarse de Honduras para marcharse a otros países del circuito centroamericano como El Salvador, donde el gobierno de Bukele, además de garantía jurídica, está ofreciendo incentivos a los inversionistas extranjeros para que muevan sus capitales a territorio salvadoreño.
Muy pronto veremos el lucro cesante en materia de empleo, es decir, una gran pérdida de puestos de trabajo, por el retiro del Gobierno de Xiomara Castro del CIADI, lo que sin duda es el despropósito más grande del gobierno, porque el mayor objetivo de toda administración es crear las condiciones que sean favorables a la generación masiva de puestos de trabajo, que es clave para toda economía. Pronto el gobierno deberá enfrentar las consecuencias de los litigios con distintas empresas, con la cuasi seguridad que nuestro país será condenado al pago de indemnizaciones millonarias que afectaran el tesoro nacional.
El asunto no se arregla simplemente deduciendo responsabilidades a los funcionarios de este u otro gobierno, es que, si nuestro país es condenado a indemnizar a los inversionistas afectados, el gobierno terminara pagándoles con el dinero que aportamos los contribuyentes. Esto es lo que se le viene a nuestro país por el desatino con que actúa el Gobierno de la Presidente Xiomara Castro, que parece obstinado en desgobernar para hundir más a Honduras en el abismo de la pobreza.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 26 de agosto de 2024.