Para cualquier observador imparcial e ilustrado, con un velo de ignorancia sobre los entresijos del panorama político hondureño, el contexto de las últimas acciones del Gobierno del PLR, entre las cuales destaca entregar a las FFAA, los fondos con los que se debe sufragar el desarrollo de las elecciones, no es cualquier zarpazo, es un atentado a la Constitución y a la democracia, porque la carta magna establece que la máxima autoridad del proceso electoral es el CNE, el que debe encargarse de la administración de las elecciones, incluyendo convertirse en el ente máximo al que quedarán supeditadas las FFAA durante el tiempo previo a celebrarse las elecciones, hasta el propio día en que el pueblo acude a las urnas.
El hecho de confiarle el presupuesto de las elecciones a las FFAA, por disposición del gobierno, cambia las reglas del juego que fija la Constitución, haciendo que sean las FFAA las que administren el proceso electoral, con lo que el CNE quedaría supeditado a la institución castrense, una voltereta inconstitucional desde todo punto de vista, porque quien debe manejar los recursos destinados para cubrir todo el desarrollo electoral es el CNE, y en tal sentido, es la entidad que dispondrá el manejo del presupuesto, incluyendo lo que requiera la institución castrense para cumplir las tareas de traslado y custodia de urnas y todo lo demás que le establecen las leyes.
Creo que la perspectiva que ha fijado el gobierno es un contrasentido a lo dispuesto en la Constitución, algo que no debe ser permitido por el Congreso Nacional. No puede ser que sean las FFAA las que administren el presupuesto del proceso electoral, eso significa que el gobierno desconoce la jerarquía en materia electoral que corresponde al CNE. Las FFAA tienen sus tareas fijadas en la ley y ninguna de esas tiene que ver con el manejo del presupuesto con el que el CNE debe atender todos los costos que conciernen a la celebración de las elecciones.
La actitud del gobierno viene a crear una tensión delicada, porque el comportamiento de desconocer al organismo electoral, como máxima autoridad en la materia, es un extraño desafío que de manera incorrecta establece una regla espuria e intransigente, que pareciera tener un mensaje nebuloso de que el proceso electoral lo rige ahora el gobierno y no el CNE como lo establece la Constitución de la República, y esto es algo que amerita una consideración urgente de las fuerzas de oposición.
Pareciera como si la dialéctica oficial trata de crear un ambiente de confrontación para paliar de alguna manera los acontecimientos que se produzcan en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, como para que los hondureños escojamos entre tener elecciones o no tenerlas, si por una acción de los tribunales de Nueva York hubieran consecuencias contra elementos del Gobierno del PLR. Y las dos situaciones son diametralmente distintas, lo que ocurra en la Corte de Nueva York tiene que ver con acciones y hechos pasados, cometidos por personas que ahora forman parte del Gobierno del PLR, en cambio las elecciones del 2025 son otra cosa, corresponden al pueblo hondureño que no estaría dispuesto a que se le conculque su derecho a elegir a sus nuevas autoridades.
Lo que tenga que pasar en Nueva York es cosa del pasado, los responsables que resulten implicados en la audiencia de esa corte deberán afrontar las consecuencias como personas, pero no tienen ningún derecho a pretender usar el proceso electoral como un mecanismo de defensa para salvar el pellejo y el proyecto político de largo plazo que se han trazado. Es lamentable que los políticos antepongan sus intereses a los de la nación hondureña, esos pasos de querer obstaculizar la democracia con lo que resulte en las audiencias de la Corte de Nueva York, es el peor atentado al derecho del pueblo hondureño de vivir en democracia.
Y es lamentable que las FFAA se presten a este juego político en el que los ha embrocado el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, que está demostrando ser un violador empedernido de la Constitución, un militar ambicioso al que no le importa sumir en el desprestigio a la entidad castrense y poner en peligro la estabilidad económica de los miembros de la milicia que radica en el Instituto de Previsión Militar.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 11 de diciembre de 2024.