Se entiende por delito económico toda conducta que lesiona la confianza en el orden económico o que pone en peligro la existencia y las formas de actividad de este orden, ocasionándole un daño o provocando una situación mucho más grave que el daño. El orden económico es el conjunto de normas trazadas por el Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de los deberes económicos impuestos por la Constitución de la República.
La intención de varios funcionarios del gobierno hondureño de estrangular la economía al afectar a las empresas que son la base de la economía nacional, es un comportamiento irracional que está tipificado como delito económico, porque la intencionalidad de los funcionarios no solo daña el interés económico del Estado, sino que de manera malintencionada la han emprendido contra las empresas que, si bien gozan de los beneficios de los estímulos en concepto de exoneraciones, devuelven con creces las desgravaciones fiscales mediante la generación de puestos de empleo, que son la clave para el bienestar económico de miles de hondureños.
Los delitos económicos no solo son aquellos delitos comunes que se conocen por su contenido fraudulento, son más graves aquellos delitos que atentan contra la economía del Estado, cometidos por funcionarios gubernamentales irresponsables que por intereses políticos atentan contra la base de la economía que son las empresas, que con su actividad competitiva contribuyen al desarrollo económico del país, y el Estado a través del gobierno está obligado a priorizar políticas y programas que atraigan la inversión privada del extranjero y motiven a los inversionistas nacionales a expandirse para crecer y generar más empleos que es el gran objetivo.
El gobierno está obligado por ley a asegurar la protección de los sectores que mueven la economía, incluso brindarles los espacios en el territorio nacional y en los espacios marítimos de la jurisdicción nacional, para que en observancia de las leyes, realicen las inversiones que consideren. Para esto, el gobierno debe reconocer y garantizar la libre empresa, protegiendo la actividad comercial e industrial. Pero, cuando funcionarios del Gobierno de la Presidente Xiomara Castro emprenden campañas disociadoras en forma maligna contra el sector empresarial, están faltando al deber constitucional de proteger la libre empresa, y con esa conducta atentan contra la actividad económica que es la clave para surtir de ingresos al tesoro nacional.
El Gobierno de Xiomara Castro está cometiendo delitos contra la economía que están penalizados en las leyes hondureñas, incluso son delitos que no prescriben y que si en el reciente pasado no se persiguieron es por la displicencia de los órganos del Estado como el Ministerio Público, que le han fallado al país y han dejado de cumplir sus deberes contemplados en la Constitución de la República.
Según el tratadista Miguel Bajo Fernández, en la doctrina del derecho penal económico, no solo se castigan los delitos económicos de los particulares, sino la conducta del mismo Estado cuando hay un gobierno que adopta un comportamiento que atenta contra el orden económico. Este es el caso del Gobierno de la Presidente Xiomara Castro, cuyos funcionarios del sistema de recaudación de impuestos están atentando contra el orden económico y contra la economía nacional en general. Tomar medidas, ex profesamente para ahuyentar la inversión extranjera, es un delito contra la economía nacional, porque cada empresa extranjera y nacional que cierra operaciones deja en cesantía a miles de personas, lo que incide en el agravamiento social que ya casi explota por los niveles de desempleo.
Los funcionarios del gobierno parecieran celebrar cada vez que se anuncia que una empresa extranjera cierra en Honduras. Este día se ha anunciado que se marcha una reconocida maquila que fabrica arneses de vehículos, cuyo cierre es la desgracia de miles de empleados que, recibirán sus prestaciones, pero que pronto caerán en el foso donde se va acumulando la enorme masa de compatriotas desempleados. Por esto es que el Doctor Bajo Fernández, en su obra «Delincuencia y Economía» considera que todos aquellos delitos que atentan contra el orden económico deben ser tratados con la dureza y la fuerza de las leyes, porque si un particular es capaz de mermarle a la economía, un arrebato o una conducta sinrazón de un funcionario público puede minar la economía de todo un país, como está sucediendo en Honduras.
La conducta malintencionada de los funcionarios del gobierno llega al extremo de perjudicar a personajes públicos por el hecho de militar en la oposición política, divulgando en las redes sus declaraciones de impuestos que son confidenciales entre el contribuyente y el Estado, pero que al hacerlos trascender a medios públicos, lo hacen con toda la mala intención de ponerlos en entredicho, con lo cual los exponen ante los grupos antisociales. Con este comportamiento delictivo de los funcionarios gubernamentales, las personas afectadas están en el legítimo derecho de proceder entablando acciones judiciales contra esos funcionarios, bajo de acusación de cometer delito económico.
El ámbito de la actividad económica hondureña está gravemente ultrajado por los funcionarios del SAR, que por ley están llamados a proteger el orden económico para garantizarle al estado mayor fortalecimiento económico, pero, paradójicamente, están actuando como enemigos número uno de la economía nacional. Por lo tanto, esos funcionarios caen en la tipificación de autores de delitos contra la economía nacional.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 28 de septiembre de 2023.