CUANDO LOS JUECES SON INDEPENDIENTES

La verdadera soberanía nacional no está en la palabrería barata de los políticos, que son los responsables de pisotear ese principio sagrado cuando hablan de defender la soberanía en desmedro del interés soberano de los ciudadanos hondureños que necesitan un puesto de trabajo para mantener a su familia. Y sucede que, cuando se confabulan los políticos entronizados en el Poder Judicial, lo que hacen es acabar con las oportunidades que se han creado para generar empleo masivo. La soberanía nacional se halla legítimamente representada en los jueces que actúan con responsabilidad para hacer cumplir la ley, evitando que los transgresores se acojan a derechos inexistentes para escapar del brazo de la justicia.

El fin de año hubo un caso que merece el análisis concienzudo para testimoniar lo que exponemos en este comentario. Una juez jurisdiccional de la sección judicial de SPS emitió una resolución que apenas tuvo cobertura en los medios. La decisión de la jueza dejo sin efecto un derecho adjudicado al exalcalde sampedrano Rodolfo Padilla Sunseri, que había sido beneficiado con el tristemente célebre «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad», con lo que Padilla Sunseri resultaba favorecido con la amnistía, que conforme la doctrina es un privilegio que beneficia a los autores de ciertos delitos políticos. 

El caso del exalcalde Padilla Sunseri, originalmente fue tipificado como un delito penal de tipo económico por malos manejos administrativos, durante su gestión como alcalde de la capital industrial. Ese delito no es de carácter político, aunque sus abogados urdieron la defensa acogiendo al exalcalde como víctima de persecución política. Algunos medios de comunicación, incluso desplegaron en grandes espacios que al haber quedado Padilla Sunseri beneficiado por el «Decreto de Amnistía», se le abrían las puertas para retornar a la vida política, insinuando que podía ser el candidato a la alcaldía sampedrana por uno de los movimientos que apoya a la candidatura presidencial de Rixi Moncada.

Esto parecía una especie de resurrección política para Padilla Sunseri, que en honor a la verdad es un verdadero líder local en el Valle de Sula, donde además de ser ampliamente reconocido es muy querido, por su magnífica gestión en los sectores más desfavorecidos, entre ellos Cofradía, donde personalmente en una oportunidad pudimos constatar el cariño indiscutible con que se le recibía cada vez que se aparecía en ese lugar. Pero la ley es la ley, y es lo que cuenta cuando se verifica la trayectoria de cualquier funcionario público que se ha excedido en sus atribuciones y facultades, especialmente cuando se trata del manejo de los recursos públicos. El exalcalde Padilla Sunseri encaró el proceso en un inicio, pero luego decidió apartarse de la ley, con lo cual violó el ámbito de la confianza que le otorgó el proceso, desapareciendo de la ciudad.

Al anunciar sus defensores que el caso del exalcalde Padilla Sunseri era abarcado por el «Decreto de Amnistía», sus seguidores lo celebraron y en pocas horas ya se le daba como el candidato ideal a la alcaldía por uno de los movimientos del PLR que respalda a Rixi Moncada. La sorpresa surgió el viernes 27 de diciembre, cuando el vocero de los tribunales sampedranos, Ruy Barahona, anunció que por instrucciones del Juzgado de Ejecución Penal de la sección judicial de SPS, a través de la secretaria adjunta, se resolvía denegar la aplicación de la amnistía al exalcalde Padilla Sunseri, condenado por cometer un acto ilícito penal.

La actuación de la juez de Ejecución Penal merece un reconocimiento especial, en momentos que el Poder Judicial ha sido cooptado por el control que ejerce el PLR en el aparato de justicia del país. Cuando se habla de la independencia judicial se hace referencia en principio a la que todo juez o magistrado debe tener en el ejercicio de su función propia de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Al respecto, podríamos afirmar con un amplio margen de seguridad que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados que ejercen actualmente en nuestro país tratan de mantener con absoluta normalidad esa independencia en el desarrollo de la jurisdicción que tienen encomendada, a la que sirven con riguroso tecnicismo jurídico, dentro de una propia y verdadera profesionalidad.

Aunque, en los últimos dos meses del año pasado, por orden de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel de Melara, se empezaron a introducir cambios en los tribunales, trasladando a varios jueces con desempeño correcto y en su lugar nombrando a otros con inocultable simpatía política con el PLR, lo cual revela el interés de politizar el Poder Judicial, para ponerlo al servicio de las causas del gobierno y del partido gobernante. 

Por ese motivo, la independencia con que actuó la juez de ejecución penal de la sección judicial de SPS, evitando que se violara la ley, al haber aplicado el beneficio de la amnistía al exalcalde Padilla Sunseri, es digno de enaltecer, al tiempo que resulta lamentable que con la progresiva politización del Poder Judicial, imputable a la propia presidenta de ese órgano, Rebeca Ráquel de Melara, conlleva el peligro de un reparto de cuotas políticas, lo que es alarmante, porque con el Poder Judicial desnaturalizado por obra de la cúspide de la Corte Suprema, el Gobierno del PLR tendrá un control inmediato sobre todas las sentencias de los jueces que están al servicio del PLR. Honduras, entonces, será un país con una justicia politizada, o lo que es lo mismo, un país sin justicia.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 3 de enero de 2025.