Una de las mayores ironías de la crisis de valores y de moral que azota a la humanidad es que cuando los que cometen una falta o un delito, sean de la ideología que sean, o pertenezcan al partido que sea, siempre encuentran una razón para tener una excusa y culpar a la entidad que los castiga, o cuando menos, ponerlos en evidencia de que no tienen ninguna calidad para sentarlos en el banquillo y aplicarles una pena, sea moral o legal. Estados Unidos, como primera potencia del mundo se ha colocado desde su posición de ser un país de leyes, como un vigilante permanente del respeto a la democracia y perseguidor de los políticos corruptos que con sus ambiciones de enriquecimiento atentan contra la democracia y contra las libertades.
Cuando los políticos o personas de otros países delinquen perjudicando a los intereses de EEUU, la justicia de ese país extiende su brazo a través de la extradición para llevar a los culpables a los estrados judiciales estadounidenses, donde los juzgan y los condenan si aportan las pruebas debidas, para cobrarles los delitos perpetrados. Y cuando eso no es posible, Estados Unidos aplica sanciones morales a los señalados por actos de corrupción y acciones que atentan contra el sistema democrático. Uno de los mecanismos de castigo moral de EEUU es la Lista Engel, una disposición contenida en la sección 353 que corresponde aplicar al Departamento de Estado, enfocada a castigar a los corruptos y responsables de acciones antidemocráticas, que publica en un par de ocasiones cada ano con los nombres de personas, en su mayoría funcionarios y políticos, que EEUU considera que trabajan en contra de la democracia.
En nuestro país, cuando gobiernan los partidos democráticos y algunos de sus miembros son colocados en la lista mencionada, los miembros de la izquierda lo celebran en todo lo posible, pero cuando la tortilla se da vuelta y los castigados son miembros del Partido Libertad y Refundación, que encarna a la izquierda, les da un ataque de indignación y entonces la Lista Engel y los estadounidenses no tienen ninguna calidad para entrometerse en los actos soberanos del gobierno. Cuesta entender a la gente de izquierda, porque conforme sus convicciones, los de izquierda, aunque cometan delitos, siguen siendo honrados.
Sucede que a la gente de izquierda les da indigestión que los definan como corruptos, porque no les cabe la menor duda que sus corruptos son corruptos pero honrados, porque tienen la virtud de autoconsiderarse compasivamente, aunque sepan que hayan delinquido. Hoy, le ha tocado el turno de que su nombre sea colgado en la temible Lista Engel a la magistrada Sonia Marlina Dubon, presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial, que literalmente es el verdadero poder en el trono judicial. La magistrada Sonia Marlina Dubon se deshace en disculpabilidad defendiéndose con el argumento de que EEUU la castigó por haber resuelto el recurso que declaró inconstitucional la Ley de las ZEDE, y que en tal sentido no se considera castigada ni ofendida porque su resolución fue para defender la soberanía nacional.
Este punto es digno de un debate que debería ser sacado del contexto del sectarismo ideológico y del partidismo infecundo, porque las ZEDE fueron creadas en el Congreso Nacional, como fuente de generación de empleo, que si bien son zonas protegidas por regímenes jurídicos especiales, se les satanizó como una venta de la soberanía nacional cosa que además de no ser cierta es completamente inexacta, porque la soberanía ni el territorio se pueden enajenar en un modelo comercial creado con el objetivo de crear puestos de trabajo.
EEUU, que si bien vigila celosamente los intereses comerciales de las empresas estadounidenses que invierten en el extranjero, actúa conforme su legislación que se afana en proteger a los suyos cuando son afectados, más por razones ideológicas que por defender la soberanía nacional del país donde se asientan. En Honduras han llegado últimamente centenares de comerciantes chinos que están desplazando a los pequeños comerciantes hondureños en los mercados. Podría decirse que China Continental a través de sus comerciantes están atentando contra la soberanía hondureña y contra la soberanía de nuestros compatriotas que están siendo desplazados de sus puestos en los mercados. Y, sin embargo, la llegada de los comerciantes chinos en gran medida es motivada por el Gobierno de la Presidente Xiomara Castro. Y nadie del Gobierno del PLR alza la voz para proteger a los pequeños comerciantes hondureños de la invasión de comerciantes chinos.
Afectar a las ZEDE, que tienen un gran componente de inversión estadounidense, para EEUU es un acto de corrupción, porque las ZEDE no invadieron territorio hondureño. Se acogieron a un régimen legal para operar en Honduras, por lo que, desconocerlo por la vía de la inconstitucionalidad es un atentado al ordenamiento legal por abuso de poder. Y al hacerlo de esa manera, hay un doble atentado contra la democracia, que es el ámbito donde prevalece el Estado de Derecho. Para los estadounidenses, atentar contra el Estado de Derecho es el más grave de los delitos que no admite atenuantes ni defensas. Para EEUU, ir contra el Estado de Derecho es un crimen que debe ser castigado. Eso es, en efecto, la aplicación de la Lista Engel, un castigo moral para los que han cometido un delito que atenta contra la ley y el Estado Derecho.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 27 de diciembre de 2024.