En un gobierno de corte autoritario como el de la Presidente Xiomara Castro, es muy común que surjan conflictos de intereses y abusos de autoridad en todo momento y en todos los niveles. Como todos los funcionarios actúan con un espíritu radical, lleno de prepotencia, se sienten superiores a la Constitución y a las demas leyes, por lo que miran con desdén cualquier prohibición que se les interpone para dar rienda suelta a sus caprichos. La instalación de la actual directiva del Congreso Nacional en forma violenta y arbitraria fue el primer rompimiento del dique constitucional, y de allí en adelante todo ha sido una avalancha de arbitrariedades, siendo la aprobación del «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad» la punta del iceberg por donde empezó a asomar el cuerpo la montaña de delitos que hoy pone a Honduras como un país donde el Estado de Derecho está en precariedad.
La forma delictiva con que el diputado Luis Redondo toma decisiones violentando los procedimientos establecidos, incluso mintiendo para pasar por encima de la ley, hace que la nación hondureña haya perdido la confianza en el Poder Legislativo, y que, de no ser por la actitud firme del bloque parlamentario de oposición, el Congreso Nacional estaría deslegitimado del todo, no solo por la ignorancia de que hace gala el diputado Luis Redondo, sino por su manifiesta mala intención de socavar el correcto cumplimiento de la Constitución y las demás leyes, como cuando pretendió confundir con el infundio malévolo que el art. 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional ya no era aplicable.
La audacia endemoniada del diputado Luis Redondo lo llevo a nombrar de dedo una seudo comisión para investigar al Ministerio Público, como si esta fuera una dependencia del Congreso Nacional. El Ministerio Público es una entidad absolutamente independiente, es la única que tiene poder para investigar, incluso al propio Congreso Nacional, cuando en el seno de este hubiera un asunto de interés nacional que amerite ser investigado. El Ministerio Público no es un cuerpo superior, pero la Constitución le concede la supremacía legal para llevar a cabo todas las investigaciones en las instituciones del Estado.
Atreverse a nombrar una seudo comisión para investigar a los fiscales es un claro abuso de autoridad, porque en todo caso el nombramiento de comisiones para investigar asuntos de interés nacional es una atribución que le corresponde al pleno de diputados del Congreso. La comisión nombrada por Redondo, por lo tanto, no tiene revestimiento legal, es una seudo comisión a la que no se le debe prestar ninguna atención puesto que todo lo que haga cae en el campo de la chabacanería por carecer de la envoltura legal que solo le podría dar el pleno de diputados del Congreso Nacional.
Por otra parte, cuando se dice que en estas investigaciones no deben participar aquellos diputados que tienen causas pendientes con la ley, el bombazo le cae en primer lugar al diputado Luis Redondo por su condición ilegal como presidente usurpador del cargo, que lo hace incurrir en una falta grave al estar en el centro del mayor conflicto de intereses que es el desempeño de la presidencia del poder legislativo por la vía de la usurpación, un delito que acarrea graves consecuencias a quien lo cometa.
En términos generales existe un conflicto de interés cuando un funcionario público obtiene un beneficio de manera ilegitima como resultado de una decisión tomada fuera del marco de la ley. Redondo asumió la presidencia del Congreso como resultado de un asalto violento que desalojo a los directivos encabezados por el diputado Jorge Cálix, que fueron electos por 86 diputados propietarios y juramentados en debida forma por el ministro de Gobernación como lo establece la Constitución de la República.
De acuerdo con el jurista internacional Pablo García Mexía, existe un conflicto de interés cuando un funcionario público asume el riesgo de abusar del poder al realizar cualquier acción que esta fuera del marco legal. Según el jurista García Mexía, todas las situaciones donde hay conflictos de interés generan un total descreimiento en la población por la ilegitimidad de las actuaciones.
Hoy tenemos conflictos de interés en todos los sectores del gobierno. El fiscal de UFERCO, Luis Javier Santos, es un ejemplo de conflicto de interés, vergonzante, desde el momento en que su esposa fue candidata a diputada por el partido gobernante y actualmente se desempeña como alta funcionaria del Gobierno de LIBRE. Luis Javier Santos no debería estar en ninguna unidad del Ministerio Público, como no debió aspirar a convertirse en fiscal general, al generar un conflicto de interés, por el hecho de que cualquier falta que llegara a cometer su esposa en el cargo es seguro que no se investigaría por la relación personal entre ambos.
Desde el plano del análisis político e institucional, el Gobierno de la Presidente Xiomara Castro y el actual Congreso Nacional acusan una crisis terrible por la falta de apego a las reglas de la imparcialidad en el manejo de los asuntos públicos, lo cual provoca un grave efecto negativo en la construcción de la confianza necesaria para que el gobierno y el Estado gocen de credibilidad. La conclusión: el actual gobierno no tiene confianza ni credibilidad por estar nadando en un mar de conflictos de interés.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 7 de septiembre de 2023.