De acuerdo con el diccionario enciclopédico de derecho usual de los juristas Guillermo Cabanellas y Luis Alcalá Zamora, la confabulación es el acto de ponerse de acuerdo, dos o más personas, sobre un asunto en que, no solo son ellas solas las interesadas para perjudicar a terceros. En Derecho Penal se toma como equivalente a una conspiración o trama de un delito, especialmente cuando va dirigido contra los poderes públicos o contra la nación. Por lo tanto, en el caso de la trama de impedir que las urnas electorales llegaran a su destino, que eran los centros de votación, fue producto de una confabulación en la que hay responsables visibles, que por mandato constitucional tenían la obligación de transportar, custodiar y darle seguridad a las urnas y materiales electorales, para que llegaran a su destino.
Uno de los confabulados es la institución militar, pero en esa misma situación están los personajes políticos que, por tener incidencia jerárquica legal sobre las FFAA, ordenaron que no se procediera, en primer lugar, a la entrega puntual de las urnas, y, en segundo lugar, que no se procediera contra altos oficiales militares que tuvieron complicidad en el atentado contra el desarrollo de las Elecciones Primarias. La declaración pública valiente de la presidente del CNE, Cossette López, denunciando la confabulación de altos jefes militares con altos dirigentes políticos, entre los que está la ministra de Defensa y candidata del PLR, amerita ser tratada en el ámbito legal, aunque de todos es conocido que en Honduras la institucionalidad del país está al servicio del gobierno y del partido gobernante.
Las FFAA, una y otra vez han querido lavarse las manos negando su participación en el boicot a las elecciones, pero los hechos no se lo permiten. Hay evidencia que dos organismos internos de las FFAA como son la inspectoría y la auditoria encontraron que un General y tres Coroneles fueron participes en la confabulación, y que, un día después de las Elecciones Primarias, serian citados por el alto mando para iniciarles un juicio militar, proceso que fue abortado por un expresidente y una candidata presidencial, citando las palabras usadas en su denuncia por la presidente del CNE. Los hechos hablan por si mismo en el interior de las FFAA, porque si tanto la auditoria como la inspectoría encontraron una participación irregular como ilegal de altos oficiales, en contra del proceso de Elecciones Primarias, tiene que constar en algun expediente, que aunque pudieron haberse hecho perdedizos, más de alguna copia debe existir en algun lugar.
Y si el Ministerio Público funcionara, cumpliendo las obligaciones que le impone la Constitución de la República, está en la obligación de proceder a investigar a los aludidos funcionarios militares, que si bien están sujetos al fuero militar y no al civil, por cuestión moral deberían rendir declaración pública de lo que plasmaron en su informe, porque está en entredicho la condición moral de las FFAA, que nunca como hoy ha estado en tal precariedad moral como lo está ahora, por prestarse algunos de sus miembros a una confabulación planificada para estropear las Elecciones Primarias.
Este asunto vergonzoso no lo puede limpiar las FFAA con un simple comunicado, los hechos hablan por sí mismo, sus propios órganos auditores como la auditoria e inspectoría de las FFAA, encontraron un trabajo subterráneo que procuraba echar a perder el derecho de los ciudadanos de elegir a los candidatos en todos los niveles en el proceso de Elecciones Primarias. Esto es un asunto de graves repercusiones para la vida democrática de Honduras y de profundas consecuencias para la institución militar, porque cuando algunos de sus miembros se confabulan en maniobras que buscan conculcar el legítimo derecho de los ciudadanos, hay un propósito de impedirle a las personas ejercer un derecho legítimo. En materia jurídica equivale a un golpe de Estado, porque la intencionalidad de la acción era evitar que los ciudadanos eligieran a sus candidatos sin impedimentos ni maniobras.
En este momento hay un descontento popular en todo el país, la ciudadanía hondureña se siente herida, lastimada e indignada por el malvado proceder de politicos y militares, fundidos en una confabulación atentatoria contra el orden publico. Los militares tratan de cubrir su fechoría, pero ya es tarde. Tanto la inspectoría como la auditoria de las FFAA en forma inmediata y precisa encontraron a un General y a tres Coroneles involucrados en la trama conspirativa que buscaba favorecer a un sector politico gobernante y perjudicar a aspirantes a optar los cargos más importantes en la vida pública, como son la Presidencia de la República, las diputaciones y las corporaciones municipales.
La prensa nacional beligerante encontró que el alto mando militar que preside Roosevelt Hernández, junto a una candidata presidencial y un expresidente de la República, manipularon los informes del auditor y del inspector de las FFAA que pedían juicio militar contra un General y tres Coroneles involucrados en la estrategia de hacer perdediza las urnas electorales, mientras en forma aviesa pretenden inculpar al CNE, que al final fue el que se lanzó a recuperar las urnas para enviarlas a los centros de votación. Las FFAA están en la picota publica, su JEMC más que salpicado está directamente involucrado y los civiles mencionados, con cargos de alto rango, quedan señalados como flagrantes violadores de la ley, confabulados para robarle a los ciudadanos el derecho universal de ejercer el sufragio.
La desgracia por el momento es que, la ciudadanía no tiene quien la represente, porque el Ministerio Público, el Poder Judicial, la PGR y las FFAA están al servicio del partido gobernante. Entonces, compete al resto de la sociedad hondureña plantarse, para impedir que los que se confabularon, terminen de salirse con la suya.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 20 de marzo de 2025.