La abogada Sabrina Shrof se contacto con el Juez Kevin Castel exponiéndole que la defensa de Juan Orlando Hernández ha tenido restricciones a documentos clasificados.

El juez encargado del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, Kevin Castel, solicito a los fiscales de Estados Unidos una explicación sobre el porque la defensa legal del exmandatario ha tenido un acceso demorado a las pruebas clasificadas.

La abogada del expresidente Hernández, Sabrinas Shrof, Introdujo Vía electrónica un documento para informarle al juez Castel, sobre ciertas posiciones tomadas por los accionistas de la información clasificada de su Cliente Juan Orlando Hernández.

“Esta carta trata únicamente del documento de cinco páginas presentado por los abogados no autorizados, los señores Stabile y Colon. El Documento conmemora información que los abogados no autorizados derivaron de sus conversaciones con Juan Orlando Hernández”, Informo Shrof.

Además, revelo que ‘’el señor Hernández, quien no es ciudadano de los Estados Unidos, obtuvo su información de fuentes que nunca le habían mantenido en secreto la información que recibió como resultado de su cargo como presidente del Congreso de Honduras, y luego como presidente de Honduras’’.

La carta También indica que “la información contenida en el documento fue compartida libremente con y por el señor Juan Orlando Hernández durante años, antes de ser detenido y luego con quien quisiera compartirlo en el Centro de Detención Metropolitano”.

“El gobierno, después de recibir este documento y después de la revisión de la clasificación, se negó a otorgar a los abogados autorizados la necesidad de conocer o acceder al documento. En cambio, los accionistas, los mismos accionistas que aún no han desclasificado documentos de diciembre de 2023 a pesar de conocer la fecha del juicio en febrero, sostienen que a los abogados defensores autorizados solo se les debe permitir trabajar con el documento en presencia del CISO (director de seguridad de información): Hemos consultado con la parte interesada y los CISO y se les ha informado que ciertas partes de la sección 5 complementaria están clasificadas en S//NF y marcadas como tales”.

Además menciono que otra información se encuentra en escalas mayores de clasificación y que el manejo de la misma debe de ser diferente.

“Dicho material en una clasificación superior ha sido redactado en la versión que le devolvieron las partes interesadas. Tenemos entendido que puede conservar la versión redactada en su SCIF, pero que el CISO puede poner a su disposición la versión completamente sin redactar del aviso complementario de la sección 5 en su presencia, porque el SCIF de la defensa no está autorizado a almacenar esa información”, Menciona.

Comprendemos que los CISO también pondrán esa copia sin editar a su disposición en el tribunal el miércoles en la audiencia clasificada a los efectos del argumento. También debemos tener en cuenta que entendemos que las computadoras en el SCIF de defensa no están clasificadas para el nivel más alto de clasificación requerida para documentar la información en las partes redactadas del aviso complementario de la sección 5.

En la medida en que tome notas escritas a mano sobre las partes redactadas del caso sección 5, esas notas no pueden almacenarse en el SCIF de la defensa y deben entregarse a los CISO para que puedan devolvérselas la próxima vez que revise el documento o en el tribunal.

La defensa del expresidente Hernández prosiguió a que “el tribunal debe ser consciente de lo siguiente; la información ahora marcada en un nivel superior de clasificación es información que ninguno de los accionistas o el gobierno intentó proteger y que no fue mantenida estrechamente –nunca–, ni siquiera después de que fue arrestado y detenido en el MDC en abril de 2022”.

Comenta que “la información, marcada con un alto nivel de clasificación, no llega al Sr. Hernández porque el accionista no era el empleador del Sr. Hernández”.

“El CISO no expresó ninguna posición sobre este asunto y está en plena capacidad de proporcionar al abogado defensor una computadora portátil que pueda usarse para trabajar con información con un nivel de clasificación más alto. Estos son los mismos CISO que manejaron computadoras portátiles para la supuesta divulgación de las joyas de la corona de la CIA –Bóveda 7– y proporcionaron computadoras portátiles para que varios de nosotros las usáramos en Estados Unidos contra Schulte”, detallaba la abogada Shrof en el documento.

Acusa que la posición de los fiscales sobre “el documento infringe indebidamente el derecho del acusado a que sus abogados presenten una defensa completa y adecuada en su nombre, sin justificación legítima. El abogado defensor debería poder utilizar el documento sin las restricciones que el gobierno pretende imponer a ese uso”.

Este mismo marte la fiscalía de Estados Unidos deberá de responder sobre esta situación al Juez Kevin Castel.