La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) ha presentado un requerimiento fiscal contra una supuesta estructura de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014. Entre los imputados se encuentran Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto a 37 personas más, entre ellos exempleados del PRAF, representantes de empresas y ONG’s. Todos están acusados de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Requerimiento fiscal contra estructura que operó en el PRAF, por desvió de L 96.9 millones destinados para capacitar en oficios y carreras técnicas a jóvenes y mujeres en extrema pobreza. pic.twitter.com/yGEtOZd9Ev
— Ministerio Público (@MP_Honduras) February 19, 2025
Según las investigaciones, esta red habría defraudado al Estado hondureño por más de 96 millones de lempiras (L. 96,976,218.21) a través de 596 contratos irregulares provenientes de los programas Bono Juvenil y DiMujer, diseñados para capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza. El esquema de corrupción incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG’s sin capacidad técnica, utilizando «empresas de relleno» y fragmentando las contrataciones para evadir procesos de licitación. Además, se fabricaron informes falsos que justificaban capacitaciones que nunca se realizaron o que se ejecutaron en condiciones deficientes, mientras se pagaba el monto total de los contratos. Este caso no solo representa un desfalco millonario al país, sino que también privó a miles de jóvenes y mujeres de oportunidades para mejorar sus vidas y las de sus familias.