Desde que derrocó al gobierno constitucional de Ramon Villeda Morales, mediante un cruento golpe de Estado en octubre de 1963, Oswaldo López Arellano irrumpió en la vida pública, convertido en un líder que consolidó en un solo puño todos los poderes del país hasta su caída en 1975, a consecuencia del ‘Bananagate’. No ha habido desde entonces, ni creemos que lo habrá, un jefe militar con tanto liderazgo y respeto como López Arellano. Su ascenso al poder, aquel lejano 3 de octubre de 1963, cuando derrocó a Villeda Morales, estuvo marcado por varias teorías, tejidas con diferentes versiones, unas explicando que dio el golpe a solicitud de Villeda Morales, y otras que fue a iniciativa de los mismos militares, por el temor que le tenían a Modesto Rodas Alvarado, que se perfilaba como sustituto de Villeda Morales.
López Arellano, que fungió simultáneamente como jefe de Estado y jefe de las FFAA, en su largo período (de 12 años en el poder) se ganó el respeto y los temores de los diferentes sectores del país, especialmente por su interés de dejar huella con decisiones reformistas en las cuales tuvieron mucho que ver sus asesores de notable capacidad, como Manuel Acosta Bonilla, César Batres, Gautama Fonseca y otros profesionales de gran valía intelectual que conformaban un gabinete de lujo, como no se vio en otros gobiernos. El Gral. López Arellano nunca expresó malquerencias contra ningún periodista, obviamente se trataba de una persona inteligente y talentosa, como nunca manifestó rasgos de bravuconería, aun y cuando fue un verdadero líder entre los militares.
La gran falla de López Arellano, que atribuyen fue obra de su asesor Gautama Fonseca, fue la vez que, siendo presidente constitucional, el 19 de septiembre de 1968, ordenó el cierre de Diario La Prensa por varios días, acusando a sus propietarios de atizar conflictos sociales que desestabilizaban a su gobierno. Su caída la marcó el hecho de que el Wall Street Journal lo implicó en abril de 1975, junto a su ministro de Economía, Abraham Bennaton Ramos, de haber recibido un soborno de 1.25 millones de dólares, por reducir el impuesto de exportación del banano a favor de la transnacional United Brands. Ese mismo día que reventamos en Radio América los cables de Acan-EFE, que nos traían las noticias y las reacciones del soborno, el Consejo Superior de las FFAA, a las once de la mañana aprobó destituir a López Arellano como jefe de Estado, y dos horas más tarde, también lo separaron de la jefatura de las FFAA, con lo que finalizaba la carrera del más grande líder militar hondureño. Fueron los mismos militares, quizás hastiados de tanto poder que acumuló el Gral. López Arellano, los que sentenciaron el fin su carrera.
Con el devenir de los años, surgió el Gral. Gustavo Álvarez Martínez, con estilo altanero y bravucón, que disfrutaba amenazando e intimidando a los periodistas y medios de comunicación. Su carrera fue breve y no fuimos ni los periodistas ni los medios los que determinamos su final en las FFAA. Fueron los mismos subalternos militares, que, cansados de tanta bravuconería y tanto atropello de Álvarez Martínez, determinaron capturarlo y separarlo del poder. En lo personal fui objeto de un atentado el 4 de agosto de 1986, planeado y ordenado por el Gral. Humberto Regalado Hernández, ya fallecido, y por su G-2, Cnel. Roberto Núñez Montes, molestos por las críticas que les formulamos por su involucramiento en el manejo de dinero que EEUU enviaba a los «Contras» nicaragüenses, del que los altos jefes militares se quedaban con la mayor parte. Todos ellos, al final, de una u otra forma, recibieron el castigo de la misma institución castrense.
Hoy, los dirigentes de Libertad y Refundación (PLR), que se precian de ser socialistas, se han ocupado de politizar las FFAA, algo que no necesita de pruebas para demostrarse, porque, basta ver los desplazamientos y los discursos eminentemente políticos de cualquier funcionario castrense para comprobar de la forma en que actúa. Los medios y los periodistas estamos amparados en la Ley de Emisión del Pensamiento para cumplir nuestro trabajo informativo, por lo que no vemos la razón de preocuparse por los sombrerazos intimidatorios de Roosevelt Hernández, que dicho sea de paso, no tiene poderes omnímodos, desde el momento que está obligado a acatar los preceptos de la Constitución que le mandan a ser esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante, pero que el señor Hernández desacata de manera abierta e impúdica.
Bajo ninguna forma, ningún tribunal, excepto por aquellos asuntos de seguridad nacional que ponga en peligro al Estado, puede resolver obligando a los periodistas y a los medios que revelen sus fuentes que les han confiado una noticia. Este derecho está garantizado en la Carta de Naciones Unidas, en el capítulo de los derechos humanos. Por este precepto que tiene carácter universal, un juez o tribunal que llegara a incurrir en la ligereza de violar este sagrado principio de las libertades fundamentales, se expondría a ser sometido a un juicio en la Corte Penal Internacional, desde ser sancionado, perdiendo el derecho al ejercicio profesional hasta purgar varios años de cárcel.
El PLR ha cometido dos errores de graves consecuencias: ha politizado la justicia y ha judicializado la política, convirtiendo al Estado hondureño en un ovillo enredado, en el que a veces no hay manera de tirar el hilo sin que el enredo se haga más apretado y difícil de desenredar. Pero, por muy politizado que esté el Poder Judicial, como sin duda lo está, siempre hay jueces y magistrados que se encuentran en un escalón más arriba, donde se anida la moral y la conciencia, a los que por mucho que se les quiera retorcer el brazo, por muy poderosa que sea la presión, están dispuestos a defender los códigos y a hacer cumplir la ley.
Ya veremos cómo entre los militares hondureños todavía quedan profesionales de la milicia que son honrados, con su conciencia, con su familia y con su país, que están dispuestos a defender la Constitución y demás leyes. Y la historia se repetirá, estos mismos militares honrados consigo mismo, con su institución y con el país, se encargarán de acabar con las bravuconerías de sus jefes, a los que la soberbia coludida con sus afecciones de salud los lleva a actuar como chiflados, que terminan perdiendo el juicio y su carrera. Igual que les sucedió a López Arellano y a Álvarez Martínez, porque no hay bravucón que dure cien años. Y porque los jefes militares bravucones avergüenzan a las FFAA.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 6 de febrero de 2025.