Hay un evidente desconocimiento de soberanía en estos tiempos, en que, asumiendo el poder de EEUU, un presidente del carácter de Donald Trump, anuncia entre las medidas de su gobierno la deportación masiva de personas que no han cumplido con los requisitos para establecerse legalmente, porque desde un principio ingresaron en forma ilegal, cruzando la frontera evadiendo los puestos fronterizos. Quisiéramos que nuestros compatriotas que ingresaron a EEUU en forma ilegal tuvieran una nueva oportunidad, pero este anhelo solo es una quimera, tratándose de Donald Trump, que, estampó entre sus promesas la urgencia de expulsar a los migrantes indocumentados que han poblado diferentes estados de la unión americana.
Frente a la posición inquebrantable de Trump lo que queda es la serenidad de los gobiernos de estos países. Con un presidente que tiene posiciones radicalmente bien definidas no se puede negociar con sombrerazos. Es absurdo que funcionarios cabezas de tamal, respondan pidiendo revisión de tratados comerciales. Este tipo de respuestas solo demuestra la minusvalía practica de los funcionarios del gobierno hondureño que carecen de la efectividad que se requiere en momentos como este cuando no se está frente a un país de nuestro nivel.
El problema de las deportaciones es cuestión de soberanía, que en este caso debemos reconocer es un derecho de EEUU, algo que no está en discusión. Es un aspecto de honestidad que no deben desconocer los funcionarios del gobierno del PLR. EEUU, desde los años 50 hasta hoy, ha dado cabida en su territorio a casi dos millones de hondureños, muchos de ellos lograron documentarse y radican de manera legal, pero otros miles de hondureños que han ingresado en los últimos diez años, por diversas razones no lograron documentar su estadía, quedando en condición de ilegales. No hay manera de reprocharle a las autoridades de EEUU el porque ejercitan las acciones legales contempladas en sus leyes para deportar a los hondureños indocumentados.
Es contraproducente que funcionarios del gobierno hondureño planteen este asunto como un pleito donde la sinrazón tiene que imponerse por la fuerza al derecho natural que le asiste a EEUU de hacer valer sus principios de soberanía, como es prohibir la residencia ilegal de personas indocumentadas. Estos asuntos no se pueden manejar como lo hace el Gobierno de Honduras, porque aquí en nuestro país en estos momentos las leyes no cuentan y cualquiera se salta las trancas para imponer su albedrio. Aquí se violó la Constitución cuando en forma arbitraria se eligió la junta directiva del Congreso y tras esta barrabasada le sucedieron otras como imponer una pseudo Comisión Permanente que terminó de enfangar al Congreso nombrando al fiscal general, lo que correspondía al pleno del parlamento hondureño.
Habiendo lanzado un mensaje desde el más alto nivel hondureño, donde se amenazó con expulsar la base de Palmerola, que es obra de un tratado internacional, nuestras autoridades no podían esperar un tratamiento afectuoso del nuevo gobierno de EEUU, que es un gobierno de corte duro, que entre otras cosas podría aplicar sanciones severas por las medidas del gobierno hondureño que afectaron intereses económicos de empresas estadounidenses que bajo el modelo de Zona Especiales de Desarrollo Económico, ya estaban operando conforme a la ley en nuestro país.
Frente a la forma descarnada en que el gobierno de Trump hará prevalecer sus principios de soberanía, y que pone a Honduras en desventaja, porque la merma de migrantes reducirá el envío de las importantes remesas, el Gobierno de Xiomara Castro no puede asumir una actitud fantoche de retar con pequeños mordiscos de ratones a EEUU, como es el sombrerazo de un ministro chistoso que se le ocurre amenazar con la revisión del Tratado de Libre Comercio con EEUU, lo cual equivale a un pequeño arañazo de un mono a un elefante.
Las deportaciones de migrantes son una realidad que corresponde a la configuración jurídica de la estructura política de EEUU; puede que a los países afectados nos resulten antipáticas y hasta fatales, pero en materia de soberanía EEUU está en su legítimo derecho, cosa que no le podemos discutir con advertencias ni amenazas que no le hacen ni cosquillas a ese gran país. La deriva de las deportaciones es una bancarrota para miles de hondureños, igual que para el gobierno y el país en general, es algo que no se podrá arreglar con posiciones despechadas de los funcionarios, porque somos un país débil y dependiente de EEUU, y no es China ni Rusia los países que nos podrán salvar, ni hoy ni nunca.
Dicho de otro modo, Estados Unidos que ha sido nuestro socio y aliado protector, a través de Donald Trump viene con la bota dura a hacerse sentir, como lo hacía hace décadas, reclamando que se le reconozca el valor de su apoyo, que ha sido valioso, pero que a nuestros gobiernos se les olvida que es apoyo y no manutención. Así que, siendo correctos en el sentir y en el pensar, sabiendo que EEUU es el país del que dependemos en muchos aspectos, con las deportaciones se aferra razonablemente a su soberanía para poner fin a una migración descarriada de personas que ingenuamente creen que EEUU está obligado a socorrernos, abriéndonos sus fronteras, cediendo su poder de decisión para limitar y ordenar el ingreso de los migrantes.
Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump, en cumplimiento de las leyes de EEUU. En cambio, en Honduras, el gobierno viola la ley afectando inversiones estadounidenses por razones políticas-ideológicas. Esa es la gran diferencia. Responder con manotadas no permite ninguna posibilidad de negociar.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 21 de enero de 2025.