La afirmación del fiscal general rechazando la calificación de persecución política que la opinión pública le da a las acciones del Ministerio Público, en contra de personas de determinada afiliación, que a su juicio es una «cantaleta», no desvirtúa la sospecha generalizada de que el titular de la Fiscalía General no actúa en el cumplimiento de hacer justicia, porque hasta ahora su labor esta evidentemente inclinada para perseguir a unos, olvidándose de otros casos de los que el fiscal Johel Zelaya prefiere no ocuparse.
Si el problema mayor de la Honduras actual es el de la justicia, una de las raíces de este problema es la forma en que viene actuando el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal general Johel Zelaya. Si hay un caso mayúsculo de violación a la ley en nuestro país es el de la elección ilegal mediante la imposición arbitraria y violenta del presidente ilegal del Congreso, diputado Luis Redondo. Si el fiscal general Johel Zelaya, esta para hacer justicia como lo repite, alzando la voz frente a los reporteros, ya hubiera iniciado las acciones correspondientes para sanear la situación del Congreso Nacional, que sigue presidido por el diputado Luis Redondo en condición de usurpador.
Sin embargo, el fiscal general al actuar como lo hace, se sitúa en el marco de la prevaricación de la izquierda, partiendo de la doctrina marxista según la cual toda institución lo es de clase y la lucha de clases para los marxistas es el motor de la historia, por lo que la aplicación de la ley solo es una manifestación del dominio criminal de la burguesía explotadora, y para ellos, los jueces correctos deberían volverse contra los principios legales para acabar con las injusticias.
Si como dice el fiscal Zelaya, lo que la opinión pública califica de persecución política es una cantaleta, debería taparnos la boca en el momento que decida actuar corrigiendo la barbaridad ocurrida en el Congreso Nacional, llevando las arbitrariedades que hicieron de Redondo un presidente usurpador a los tribunales, porque a nadie escapa que lo que hubo en el Congreso Nacional a partir de enero de 2022 fue un acto ilegítimo de usurpación, que constituye un delito de orden criminal. Precisamos porque la opinión pública califica las acciones del MP de persecución, con una explicación sencilla pero lo suficientemente diáfana: ES PERSECUCIÓN Y NO CANTALETA, PORQUE SOLO SE PROCEDE CONTRA ELEMENTOS DE UN SECTOR de la sociedad, dejando otros casos graves en la total impunidad. Y de nuevo, sin que esta afirmación sea para nada una cantaleta: ¿QUÉ CASO MÁS GRAVE EXISTE QUE EL ASALTO A LA DIRECTIVA ELECTA EN EL CONGRESO EN EL 2022, HACIENDO QUE LA DIRECTIVA QUEDARA EN MANOS USURPADORAS?
Si se quiere un modelo perfecto de disparate legal a que conduce la actuación del fiscal del Ministerio Público, la usurpación de la Presidencia del Congreso Nacional, con un concepto arrojadizo y advenedizo, es de lo más flagrante que ha ocurrido en la historia del parlamento hondureño, donde se llegó al delito de irrumpir una elección realizada en forma legal de la junta directiva del Congreso, y apropiarse de los cargos, en función del delito político, y que por considerar algunos el sentido político de ese delito, por eso, por lo político, deja de ser delito, lo cual es desde todo punto de vista es una aberración jurídica e inmoral.
Pocas veces puede entenderse mejor, como sin una idea clara de la raíz moral, el fiscal general pretende acallar las voces de la opinión pública que consideran que su actuación esta parcializada al sector del partido gobernante que luchó hasta que logró que él fuera nombrado en el Congreso como fiscal general. La idea generalizada de que el fiscal Johel Zelaya actúa complaciendo los objetivos políticos del Gobierno del PLR es lo que le atribuye el carácter político a sus actuaciones, en las que dirige sus baterías solo a un determinado sector, pero privilegiando con la impunidad a otros que ameritan ser sometidos al fuero de la ley, para que, de una vez por todas, se termine con la cascada de ilegalidades en el Congreso Nacional.
Entonces, ante propios y extraños, es persecución y no cantaleta, porque solo se procede contra elementos de un sector político. Y de nuevo reiteramos: que caso más grave existe que el asalto a la directiva electa en el Congreso Nacional en enero de 2022, cuando se impuso a otra directiva espuria que permaneció por dos años en situación usurpadora, mientras que el diputado Luis Redondo, continúa en esa condición. Si el fiscal general no responde a este llamado de la opinión pública y la sociedad hondureña, muy merecidamente se gana la duda de que lo suyo es persecución política.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 13 de enero de 2025.