La justicia es el test y la garantía del Estado de Derecho. En las dictaduras, la libertad y los derechos individuales no existen, pero en las democracias se hallan en permanente riesgo, producto de las contrapartidas de las libertades. De allí que la justicia no debería ser un poder contra otros poderes, pero, cuando en un régimen autoritario la justicia se instrumentaliza, deja de ser garantía y en lugar eso, amenaza a los hombres en su identidad y en sus valores.
La captura de tres altos oficiales militares en condición de retiro, ordenada por el Ministerio Público, tiene un fuerte olor a persecución política, en una mezcla de acontecimientos nacionales e internacionales, con una inocultable dedicatoria que hace ver muy mal al fiscal general, que con su actuación deja de hacer el papel que le asigna la Constitución al Ministerio Público, como el organismo profesional especializado, responsable de las representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria. Esto, por supuesto, partiendo de que todo lo actuado es por iniciativa del fiscal general, sin recibir ninguna pizca de dirección del gobierno o del partido gobernante.
El requerimiento librado por el fiscal general es improcedente a estas alturas, cuando el Congreso Nacional emitió en su momento un «Decreto de Amnistía» que si bien dejo salvedades en los delitos de lesa humanidad y delitos contra derechos humanos, en el caso del joven Isy Obed Murillo, diferentes dictámenes de profesionales de la medicina forense y expertos en balística, descartaron en todo momento que la muerte del compatriota la pudo haber causado una bala que no procedió de los elementos militares y policiales que resguardaban el aeropuerto Toncontín el 5 de julio del 2009. Los criterios de los expertos que analizaron aquel acontecimiento explican que una bala disparada desde un arma militar, desde el sitio en que se encontraba la tropa, no pudo haber descrito una figura elíptica tan pronunciada, para herir mortalmente al joven Isy Obed Murillo en la parte posterior o trasera de su cabeza.
Basta revisar los documentos testimoniales filmados, recogidos en esa fecha, para ver que la cabeza de Isy Obed Murillo no fue destrozada por el proyectil que le ingreso desde una dirección opuesta a donde estaban los militares. Este es un asunto delicado, que por su naturaleza se deja a expertos, tanto en medicina forense como de balística, para que hagan conclusiones científicas. Cualquiera puede atribuir una muerte a su antojo para hacer recaer culpas, por lo tanto, es deber del Ministerio Público hacer acopio de los criterios ilustrados de los expertos, para librar un requerimiento en casos como este, sin caer extraviado en las arenas movedizas del sojuzgamiento arbitrario, que lo expongan ante las sociedades de Honduras y el mundo, como un órgano que navega con la bandera de la justicia politizada.
Un fiscal general que actúa obedeciendo a directrices políticas, le causa un tremendo daño al Ministerio Público como institución, y a partir de ese momento la justicia y el Ministerio Público quedan en estado mediatizado por el Poder Ejecutivo, en todas sus orientaciones, expuestos a un descredito absoluto. Un gobierno que pretende tener la sartén por el mango, manejando bajo su criterio al fiscal general, se hace un daño terrible a sí mismo, equivale a tener una pistola de alto calibre, con mucho poder, pero que solo dispara en dirección a los pies del que jala el gatillo.
Hoy el fiscal general actúa en función de un parte médico reconstruido por médicos generales que no son expertos en materia forense, debido a que, como lo denunciara el mismo fiscal Johel Zelaya, el expediente original que fue levantado por médicos expertos, fue robado, lo que hace caer en las ásperas sospechas de que el expediente fue sustraído para que llegado el momento, se tuviera que reconstruir de una manera hechiza, por profesionales advenedizos que se prestan para hacer las triquiñuelas que se ocupan para suplantar la realidad de un hecho ocurrido.
La reconstrucción del hecho donde murió Isy Obed Murillo no puede sustituir a la realidad, lo procedente era recurrir a los profesionales forenses que participaron en el levantamiento original del parte el día de la muerte de Isy Obed Murillo. Hace algún tiempo, el magistrado italiano Cayetano Lococo escribió una interesante obra sobre reflexiones sobre los magistrados y los fiscales en una democracia, exponiendo una tesis interesante en la que manifestaba que si la función que justifica a los jueces y fiscales es la defensa de los derechos individuales frente a cualquier poder, lógicamente debe rechazarse por principio el control de la justicia por el Poder Ejecutivo, ya que, de ocurrir esto, convertiría a los jueces y fiscales en la mayor amenaza para las libertades en cualquier sistema político. Porque, estando los jueces impartiendo justicia y los fiscales acusando, todos al servicio de un gobierno, se convierten en una bomba atómica, provocando la destrucción, no solo del sistema de justicia, sino de todo el país.
El Gobierno de la Presidente Xiomara Castro tiene mucho de qué preocuparse con la actuación del fiscal general, porque con su forma de proceder, le hace el más flaco de los favores, que es colocarlo en una palestra de opinión desfavorable, en un año electoral donde la población tiene a su alcance en el voto de castigo, el azote más despiadado.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 6 de enero de 2025.