El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este martes un acuerdo provisional para dar un año adicional a las empresas con el objetivo de que puedan cumplir con la legislación sobre deforestación, que prohíbe la venta en la UE de productos procedentes de tierras deforestadas.
En virtud de este pacto, que debe ser aprobado ahora formalmente por los dos colegisladores europeos antes de su entrada en vigor, la ley se aplicará plenamente a los grandes operadores y comerciantes a partir del 30 de diciembre de 2025, y seis meses más tarde, el 30 de junio de 2026, a las microempresas y las pequeñas empresas.
Este plazo adicional garantizará una aplicación «adecuada y eficaz» del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR), preservando al mismo tiempo su «integridad», informó en un comunicado la Comisión Europea, promotora de la ley y también de la propuesta de aplazamiento en su aplicación.
También el Consejo de la UE y el Parlamento coincidieron hoy en que este plazo adicional permite dar tiempo suficiente a las empresas para llevar a cabo una implementación de la normativa sin problemas.
Cuando la norma entre plenamente en vigor, afectará a todas las empresas pertinentes que comercializan en la UE o exportan desde ella aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como algunos de sus productos derivados (como carne de vacuno, muebles o chocolate).
El aplazamiento de la fecha de aplicación del reglamento sobre deforestación se produce en respuesta a las preocupaciones expresadas por los Estados miembros de la UE, terceros países, comerciantes y operadores que temían que no podrían cumplir plenamente la norma si se aplicará desde finales de 2024, como estaba previsto.
Un período adicional de 12 meses para la aplicación progresiva del sistema es una solución «equilibrada» para ayudar a los operadores de todo el mundo a garantizar una aplicación «fluida» desde el principio, según la Comisión Europea.
Este aplazamiento, insistió Bruselas, es esencial para garantizar la certeza sobre el camino a seguir y asegurar el éxito del reglamento, que entró en vigor a finales de junio y estaba previsto que se aplicase inicialmente desde finales de este año.
El sistema de información en el que las empresas registrarán sus declaraciones de diligencia debida entrará en funcionamiento este miércoles, precisó la Comisión.
Las plataformas de datos que rastrean el origen de los productos y un sistema de clasificación de riesgos estarán operativos al menos seis meses antes de que la ley entre en vigor.
Y, a partir de 2028, los países que practiquen una gestión forestal sostenible y demuestren que no deforestan tendrán la oportunidad de quedar exentos de trámites burocráticos innecesarios.
En 30 años, se perdió superficie forestal superior a UE
La deforestación y la degradación forestal están consideradas como impulsoras del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que la de la Unión Europea, debido a la deforestación.
En términos de pérdida neta de superficie (la diferencia entre la superficie de bosque talada y la nueva superficie de bosque plantada o regenerada), la FAO estima que el mundo perdió alrededor de 178 millones de hectáreas de cubierta forestal en el mismo período de tiempo, lo que supone una superficie tres veces mayor que la de Francia.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que el 23% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (2007-2016) provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra.