Un grupo de nicaragüenses exiliados, en su mayoría desnacionalizados, exigió este martes la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), en respuesta a las reformas constitucionales aprobadas por el Gobierno de Daniel Ortega. Según los opositores, las modificaciones otorgan un poder absoluto a la Presidencia, consolidando una «dictadura hereditaria» que buscan legalizar con una nueva Constitución. En su pronunciamiento, también solicitaron a la comunidad internacional endurecer sanciones contra el régimen y aplicar medidas más drásticas, como la suspensión del acceso de Nicaragua al sistema SWIFT y el cese del financiamiento de organismos multilaterales.
Los firmantes, entre ellos la exguerrillera Dora María Téllez, rechazaron la reforma constitucional aprobada el pasado viernes, que transforma el Estado nicaragüense en una «democracia directa» bajo control total de la presidencia, y da poder absoluto tanto a Ortega como a su esposa, Rosario Murillo. Consideran que estas reformas constituyen un «autogolpe de Estado» y una consolidación de una «monarquía absoluta de dos cabezas», lo que profundiza la represión política en el país. Además, instaron al Ejército y a la Policía Nacional de Nicaragua a no colaborar con la represión y a ponerse del lado de la democracia y la justicia. También pidieron apoyo material para la resistencia, argumentando que las sanciones y declaraciones diplomáticas son insuficientes para hacer frente a la dictadura.