El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), presentó un requerimiento fiscal contra las exjuezas del Tribunal de Sentencias, Sala Tercera, Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora. Las exjuezas están acusadas de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en un caso relacionado con un conflicto de propiedad en la colonia Cerro Grande. Las imputaciones surgen a raíz de su presunta omisión al no resolver excepciones cruciales, como la falta de acción y la incompetencia, en un caso de disputa de terrenos entre una familia y una empresa urbanizadora.
La controversia se intensificó en 2010, cuando, a pesar de las excepciones presentadas por la defensa de la familia afectada, el tribunal de las exjuezas ordenó un desalojo que resultó en la demolición de viviendas y el desplazamiento forzado de las familias. Este desalojo fue ejecutado en las zonas de Cerro Grande y El Chile, afectando a varias familias que vivían en terrenos en disputa. En 2012, un nuevo tribunal determinó que se había vulnerado el derecho de defensa de los afectados al no atender las excepciones dentro del plazo legal. Finalmente, el nuevo tribunal resolvió a favor de las excepciones de falta de acción e incompetencia, indicando que la disputa debía ser tratada en el ámbito civil.