La financiación de las campañas electorales con dineros sucios, provenientes del crimen organizado, particularmente del narcotráfico, es la principal causante del deterioro de la democracia hondureña, por la ineficacia por un lado y por la falta de interés adrede de las autoridades, para ejercer una vigilancia de los fondos que han usado los políticos para sufragar los gastos de las costosas campañas, que cada vez se vuelven más onerosas por las movilizaciones masivas de simpatizantes, con las cuales los candidatos dan la impresión de tener un masivo respaldo popular y de esta manera demostrar a los adversarios toda su potencia electoral.
El «narcovideo» difundido recientemente, mostrando al diputado Carlos Zelaya Rosales, en el momento en que recibía una fuerte suma de dinero de un renombrado capo hondureño, para financiar la campaña electoral del PLR en 2013, es una palmaria demostración de la penetración del narcotráfico en la política hondureña, como también iguales aportaciones han recibido líderes de otros partidos políticos. Eliminar del espectro político esta ascendencia peligrosa, que demuestra el poder del crimen organizado para tener influencia sobre las elites políticas, solo es posible lograrlo con acciones legales que demandan de los candidatos, de los movimientos y de los partidos, un manejo transparente de las aportaciones que hacen los ciudadanos y las empresas a las campañas políticas. Porque, algo debemos entender los hondureños, en todas partes donde hay elecciones democráticas, los candidatos requieren de las aportaciones de los donantes para financiar sus respectivas campañas.
En EEUU, país que inevitablemente tenemos que poner como referencia, por ser un país de leyes y como tal, la democracia perfecta del planeta, los candidatos financian sus campañas con aportaciones, que van desde las más pequeñas, hasta sumas millonarias increíbles, de las cuales deben rendir cuentas a los órganos contralores para evitar que la política de EEUU sea infestada con dineros mal habidos, mediante una marcación estricta que tiene capacidad para detectar aportaciones de procedencia extraña. Cuando esto sucede, el candidato está obligado a devolver el dinero a la dirección del aportante, o incautada por el gobierno cuando se ignora la procedencia.
Vemos con simpatía como en Honduras, la Unidad de Política Limpia ha autorizado a varios movimientos de los dos partidos tradicionales, Liberal y Nacional, que encarnan la democracia de nuestro país, para que los candidatos de ambos partidos que hicieron la correspondiente solicitud, procedan a abrir sus cuentas bancarias, en las cuales podrán recibir aportaciones y donaciones de personas y empresas, de manera que las mismas puedan ser objeto de un monitoreo constante por esta unidad que es un apéndice del Consejo Nacional Electoral.
Este es un gran paso hacia el perfeccionamiento de la democracia en Honduras, porque permitirá a la máxima autoridad electoral que es el CNE, conocer en el plano de la realidad como se están financiando las campañas electorales. Si este mecanismo se hubiera operado con la efectividad actual, seguro que se hubieran detectado las contribuciones millonarias que los capos del narco hicieron a importantes líderes de partidos políticos. Hasta ahora, los hondureños hemos podido conocer como el narcotráfico financiaba a los candidatos, merced a que los capos tuvieron el cuidado de grabar las entregas de cuantiosas sumas a los políticos, para tener un respaldo para reclamar el cumplimiento de las promesas de los candidatos. Particularmente, la financiación de la campaña del PLR en el 2013 fue vista por medio mundo gracias al narcovideo filtrado por uno de los «Cachiros» a la prestigiosa revista de investigación ‘Insight Crime’.
Corresponde a la Unidad de Política Limpia jugar un papel delicado, hasta podríamos decir que será una tarea heroica, porque esta Unidad deberá realizar un marcaje riguroso, de manera que los hondureños por primera vez tengamos un proceso electoral donde los candidatos no puedan usar dinero de procedencia mal habida. Pero, además es trascendental que la Unidad haya estudiado escrupulosamente a los movimientos políticos que han cumplido los requisitos legales para obtener el derecho a abrir una cuenta bancaria, que comienza por las exigencias que contempla el sistema financiero hondureño. En el proceso electoral, este paso de la autorización de apertura de cuentas bancarias es de singular importancia porque implica que la unidad del máximo organismo electoral, que tiene la competencia para conceder este derecho, le otorga el reconocimiento al movimiento político para que participe legalmente en el proceso electoral primario. Otro tanto ocurrirá, todavía con mucho más rigor en las elecciones generales de 2025.
La apertura de las cuentas bancarias de los movimientos de los partidos políticos es como el banderillazo de arranque, en que, los candidatos ahora podrán fortalecer sus ingresos para desarrollar sus campañas electorales, y a la vez sometidos a la revisión permanente de sus cuentas por la Unidad de Política Limpia, y ser objeto de sanciones, si persistieran en recibir dineros mal habidos o de dudosa procedencia.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 16 de octubre de 2024.