La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha expresado su preocupación tras la aprobación de la interpretación del artículo 15 de la «Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano». La ASJ ha señalado que, a pesar de un mandato que obligaba a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a renegociar contratos de energía en un plazo de 60 días desde la promulgación de la ley en mayo de 2022, este requisito no fue cumplido.
La organización ha resaltado diversas irregularidades en el proceso de renegociación, incluyendo la inclusión de contratos problemáticos que no se ajustan a la ley vigente. La interpretación reciente del artículo 15, que busca extender el plazo de renegociación de forma indefinida, plantea serias dudas sobre la legalidad del proceso y podría encubrir incumplimientos normativos. Ante esta situación, ASJ ha instado a los diputados del Congreso Nacional a no ratificar el acta de la sesión que permite esta interpretación, advirtiendo que esto comprometería la transparencia y el cumplimiento de la ley en el sector energético, afectando negativamente a la población hondureña, que ya enfrenta altos costos en sus facturas de electricidad. La ASJ subraya que los recursos destinados a la crisis energética deben ser redirigidos a necesidades prioritarias en salud, educación y seguridad para los sectores más vulnerables de la sociedad.