Cuando se habla de la independencia judicial, obviamente se está haciendo referencia, en principio, a la que todo juez o magistrado debe tener en el ejercicio de su función propia de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La Constitución de la República en este sentido tiene una claridad meridiana al respecto. Se estableció por el legislador constituyente, en el marco del principio de separación de poderes dentro de una única soberanía nacional, un autogobierno del Poder Judicial, que vino a terminar de configurarse con la creación de una Sala Constitucional, con la intención de preservar absolutamente al Poder Judicial de toda contaminación e injerencia política.
Pero la realidad ha sido muy distinta porque desde su implantación, desde un principio hasta el día de hoy, el Poder Judicial ha tenido una evolución degenerativa, haciéndose más evidente en el momento actual cuando los magistrados han sido convertidos en borregos del partido gobernante PLR, a manera de mandaderos judiciales, al grado de actuar fuera del marco de la sensatez, dispuestos a acabar con el mismo Poder Judicial, que no puede ser tal si legisla para legitimar un estado de impunidad, creado en un «Decreto de Amnistía» que tampoco es tal, sino un decreto para salvaguardar a políticos que cometieron delitos de orden común como son los de tipo económico.
En este sentido, hoy más que nunca, el Poder Judicial hondureño deja de ser un órgano independiente para pasar a ser parte de la naturaleza política, aceptando someterse para hacer todo los caprichos de la cúpula del gobernante PLR: la Corte Suprema se pronunció declarando improcedentes los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en contra del «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad», porque los magistrados aceptaron convertir al Poder Judicial en un órgano marcadamente politizado, tanto en su configuración como en su ulterior actuación, algo que repugna de manera palmaria, porque los magistrados aceptaron que desparezca la función del gobierno judicial para convertirse en una especie de recua de mandaderos judiciales, dispuestos a cumplir los objetivos y los caprichos del mandamás del partido gobernante, con lo cual desaparece el Estado de Derecho.
Como es obvio, esta degradante politización del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, es mayormente imputable a la actual Corte Suprema, porque nunca antes, por muchos errores que se cometieron anteriormente en el Poder Judicial, nadie había aceptado legitimar un estado de impunidad como lo están haciendo los actuales magistrados, creando el precedente brutal de cederle al mandamás de un partido político que tenga el control inmediato de las decisiones de la Corte Suprema, para que acepte cometer el más deleznable de los bochornos como es legitimar la impunidad.
Esta politización, llevada al extremo nunca antes vista en el Poder Judicial, tendrá la grave consecuencia de que se extinga la justicia en Honduras y como tal que desaparezca el concepto de Poder Judicial y lógicamente que Honduras quede fuera del contexto civilizado de las naciones que están regidas por el Estado de Derecho. Frente a esta grave situación, la sociedad hondureña debe estar consciente que al aceptar el Poder Judicial quedar convertido en una mampara manejada por el partido gobernante, también desaparece el factor más importante de la soberanía nacional que es el órgano judicial que tiene la responsabilidad de que Honduras siga siendo una nación regida por normas, puesto que a partir del momento en que la Corte Suprema aceptó que la impunidad prevalezca sobre la justicia, es porque llegamos al lamentable momento en que nuestro país dejó de ser una sociedad dispuesta a existir como nación civilizada.
Estamos asistiendo atónitos al final de la justicia en Honduras, debido a los manejos orientados hacia la total politización de uno de los tres órganos constitucionales como es el Poder Judicial, gracias a que los actuales magistrados han aceptado venderse al partido gobernante, por el altísimo precio de garantizarse el puesto que les entrego el PLR. Pero sin ignorar que sus nombres quedarán manchados para la historia, al grado que sus hijos y nietos renegarán de por vida descender de personas tan deshonrosas.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 8 de octubre de 2024.