El inminente paso de la Corte Suprema de Justicia de declarar improcedentes los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en contra del «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad», es una despedida a la aplicación de una verdadera justicia, porque significaría que la cúspide del Poder Judicial le habrá dado la venia sagrada al paso más descarado que ha dado el sistema jurídico hondureño en todos los tiempos. Porque ningún otro acto le ha manchado de lodo el rosto a la justicia hondureña como la aprobación del «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad», desde una directiva usurpadora del Congreso Nacional que ha hecho los méritos más sucios para trucar el nombre del Poder Judicial.
El caso es que, al ponerse el Poder Judicial del lado de los truculentos, llegará a constituir un verdadero hito histórico en que la justicia hondureña habrá desaparecido del mapa para darle paso a una verdadera monstruosidad como es legitimar un manto de impunidad, que ha exacerbado a los más expertos en el campo del derecho. Una resolución en este sentido del Poder Judicial cambiará la justicia hasta volverla irreconocible, porque un alto tribunal que legitime la impunidad es lo peor que le podría ocurrir a Honduras. En ese momento el Poder Judicial implicaría un cambio del concepto que la ciudadanía tiene de nuestro sistema jurídico, al saber que somos administrados por la injusticia misma.
Un alto tribunal que se dedique a juzgar para santificar la impunidad es la perdición de cualquier país, porque aun con todos los altibajos que ha tenido la Corte Suprema de Justicia a lo largo de su historia, nunca se había visto que por órdenes superiores que emanan desde la cúpula del PLR, se le diera la tramitación protectora a la esencia de la inmoralidad judicial como es el «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad».
Si el Poder Judicial da el paso de declarar improcedentes los recursos de inconstitucionalidad en contra del «Decreto de Amnistía» o «Pacto de Impunidad», es porque en Honduras no tenemos un máximo tribunal con magistrados independientes que dirijan el proceso con un enjuiciamiento en función de proteger la seguridad jurídica del Estado hondureño. Es porque magistrados a la orden de un poder político, actuando en contra de la doctrina jurídica universal, demuestren que lo importante no es defender la grandeza de la justicia sino pagar el favor de haber sido electos magistrados por un partido político autoritario.
Si ese paso fatal que se comenta en los corrillos y en los mentideros de la política resultara un hecho, quiere decir que se acabó el Poder Judicial en Honduras, y que, lo que tendremos, será un servicio público de justicia a la carta y al capricho de la cúpula del PLR. Se habrá acabado en Honduras el Poder que al ser ejercitado como lo establece y lo manda la Constitución de la República, es garante de la aplicación de la Justicia. Honduras quedará a merced de la voluntad de una persona que, como ya lo está haciendo, no se mide para tener el control omnímodo de los tres poderes y demás instituciones y organismos del Estado.
Para parar este aluvión de autoritarismo el momento requiere de mantener la tranquilidad, porque no es con la fuerza como se le puede poner fin a esta maquinaria política que tiene la batuta para llevar a Honduras a un proceso destructivo, que comienza por desconocer y violar las leyes, haciendo los peores entuertos de manera premeditada, como emitir un decreto que garantiza la impunidad, con lo cual el partido gobernante PLR se atribuye el mérito vergonzoso de ser el responsables de la desaparición de la Justicia. Veremos muy pronto, si el Poder Judicial actúa como se anticipa, declarando improcedentes los recursos de inconstitucionalidad contra el «Decreto de Impunidad», entonces se habrá impuesto la lógica antidemocrática del PLR que es dominar y controlar la justicia, de modo que cada vez sea más débil y manejable a la hora de decir y realizar el Derecho. El PLR y su máximo dirigente saldrán ampliamente ufanos de haber retado y haberles ganado el pulso a los políticos de oposición.
Si nuestra Democracia gozara de buena salud, nos tocaría a los ciudadanos plantarnos en una gran huelga en las calles, para frenar a los usurpadores que por la fuerza arrebataron la dirección del Congreso Nacional y desde allí nombraron a magistrados títeres como altos jueces del máximo tribunal. Y finalmente, armarnos de todo el valor cívico, en una gran coalición política para rescatar la democracia y devolver la justicia a donde debe estar, que es ponerla en manos de la decencia.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 7 de octubre de 2024.