La demagogia es el desbordamiento o degeneración de la democracia con distintas fórmulas; la demagogia es practicada lo mismo por gobiernos fascistas, como el del PLR, como por gobiernos comunistas y otros gobiernos intermedios de calificación inconstante. En el fondo la demagogia es una práctica tiránica, que la usa un gobierno para ganarse la simpatía de los seguidores del partido. La demagogia más dañina es la que se practica en el sistema judicial, cuando ciertos jueces y magistrados quieren dar la apariencia de que la aplicación de una ley es en beneficio del pueblo, a sabiendas que es a la inversa, sobre todo si el acto judicial que se adopta en un tribunal provoca un perjuicio abrumador contra los ciudadanos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la ley que dio vida a las ZEDE, es una acción terriblemente demagógica, porque la ley como tal no repartió el territorio hondureño como para decir que los inversionistas se pueden apropiar del área donde hicieron las instalaciones para producir o que lo puedan declarar un territorio libre o asociado a la soberanía de otro país. Las ZEDE, conforme la ley, gozan de un régimen que les garantiza cierta independencia para tener la suficiente seguridad jurídica que requiere un inversionista. Hay varios tipos de ZEDE, pero todas se caracterizan por el denominador común de tener un aparato jurídico protector que de garantía a los inversionistas que el capital invertido no correrá ningún riesgo.
Hay ZEDE en Cuba y Venezuela, países que están dominados por gobiernos totalitarios, aunque sus líderes no son miopes ni torpes, porque saben que esas inversiones les generan buenos ingresos a sus gobiernos a través de la creación de empleos. Cuba las denomina zonas francas, pero en el fondo funcionan bajo el esquema del modelo económico protegido con la suficiente seguridad jurídica. En Venezuela sucede igual. En Honduras, por la torpeza dimensional del «comandante», el PLR tomo el tema de las ZEDE como bandera de lucha en la campaña electoral para hacer oposición, por ser un proyecto puesto en vigencia por el gobierno de JOH. Convirtieron las ZEDE en un arma política, a manera de punta de lanza, a lo largo de la campaña, mostrándola como algo negativo por todos lados, sin ver lo positivo de la generación de empleos, que es la única salida para combatir el desempleo, y que, como lo dice el BCH, el desempleo es el gran factor que genera la emigración de los hondureños.
Una vez que a las ZEDE les dieron todo el tinte político, a la conveniencia de la campaña de Xiomara Castro, quedaron demonizadas para el Gobierno del PLR, con el supremo compromiso de destruir el modelo sin importar los daños inconmensurables que provocaría una decisión tan perjudicial para Honduras, como para miles de hondureños. Para ver este asunto no hay otro ángulo más preciso, para tener la óptica correcta de la apreciación, que la torpeza del más alto dirigente del PLR, Manuel Zelaya. Convertida en promesa política que había que cumplir a toda costa, y que a la vez servía para ocultar la farsa de la CICIH que es algo indeseable para el Gobierno del PLR, al coordinador de gobierno no le quedó más que ordenar a la sumisa Corte Suprema de Justicia que procediera a la destrucción de las ZEDE por la vía de la inconstitucionalidad.
Y como buena mandadera del «comandante», la magistrada Rebeca de Melara convocó al pleno a rajatabla, forzando el quórum con los magistrados que pudieran asistir, completado con un «team» de magistrados suplentes, que están siempre «listos para los llamados» en estos casos. Y de esta forma, la Corte Suprema cumplió con el servil papel de satisfacer el mandato del «comandante», aunque quedará expuesta como un alto tribunal con la demeritada calificación de prestarse para una vergonzosa resolución demagógica.
Porque, si de verdad se tratara de defender la Constitución, la Corte Suprema de oficio debería revisar la monstruosidad ocurrida en el Congreso Nacional, donde una directiva legalmente electa fue desalojada a patadas, con lujo de violencia, para imponer al diputado Luis Redondo, como un presidente usurpador, por orden de la Presidente Xiomara Castro, de donde provinó una cascada de ilegalidades entre ellas la emisión de un «Decreto de Amnistía» que es un «Pacto de Impunidad», y el nombramiento de una Comisión Permanente espuria, ilegal del todo, por no nacer de la voluntad del pleno del Congreso.
Si la Corte Suprema actuara en defensa de la Constitución, como dice la magistrada presidente Rebeca de Melara, hubiera intervenido de oficio para subsanar las mencionadas bellaquerías, pero con su silencio se ha llamado a la complicidad. Por eso, ufanarse de defender la Constitución, declarando inconstitucional la Ley de las ZEDE, es lo más demagógico que ha acontecido en el Poder Judicial en los últimos tiempos.
Demagogia que condena a Honduras a enfrentar demandas severas y sanciones internacionales que contraerán pérdidas multimillonarias. Y más desempleo que, al paso que nos lleva el Gobierno de Xiomara Castro, estamos en la ruta de convertirnos igual que Haití, Cuba y Venezuela, en otro de los países miserables del mundo por el empobrecimiento, porque ese pareciera ser el objetivo del Gobierno del PLR.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 23 de septiembre de 2024.