Una nueva controversia ha estallado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, donde la presidenta Rebeca Raquel Obando está siendo cuestionada por su supuesta participación en un caso que involucra a su exyerno, Guillermo Noriega. Obando se autodesignó como magistrada en la corte de apelaciones para conocer un caso de presunta corrupción relacionado con Noriega, lo que ha levantado sospechas sobre un posible conflicto de interés y abuso de poder en el ámbito jurídico.
Juristas y expertos en derecho han manifestado su preocupación, señalando que la presidenta debió haberse excusado debido a su relación familiar con el acusado. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados, enfatizó que, a pesar de que el parentesco haya cesado, el conflicto de interés persiste, sugiriendo que Obando debería apartarse del caso para preservar la integridad del proceso. La situación se complica aún más por el extravío del expediente de Noriega, acusado de lavado de activos, lo que ha llevado a denuncias sobre irregularidades en la gestión de los casos judiciales. A pesar de las defensas de la Corte sobre la legalidad de la designación de Obando, este incidente ha reavivado las dudas sobre la independencia y transparencia del sistema judicial en Honduras.