Los debates presidenciales fueron concebidos dentro de un marco democrático para que los electores tengan más información de los aspirantes presidenciales, que en un debate sus diferencias políticas y sus puntos de vista sobre los asuntos de país que deberán manejar una vez que asuman el poder del país. Los debates presidenciales más ejemplares y espectaculares son los que organizan las empresas televisoras en EEUU, que son seguidos por millones de personas, ávidas de formarse una opinión sobre los candidatos. El más reciente entre el presidente Joe Biden y el republicano Donald Trump sirvió para que los demócratas se dieran cuenta que Biden ya no está en condiciones para ser reelecto para un segundo período por su edad avanzada que le ha hecho perder facultades mentales y físicas que son vitales en un gobernante.
Para que los debates sean imparciales, en EEUU son las empresas televisoras las que los organizan y los desarrollan; ni el gobierno, ni los partidos políticos tienen que ver en lo absoluto en esta actividad, porque como es lógico suponer, cualquier intervención estatal o política afectaría la imparcialidad del debate, especialmente de parte de los sectores oficiales que buscan mantenerse en el poder. Nos ha parecido muy extraño y preocupante que el diputado Luis Redondo, que sigue ocupando la presidencia del Congreso Nacional como usurpador de funciones, está interesado en presentar una iniciativa para aprobar una Ley de Debates, cuyo contenido no conocemos, pero que amerita que los sectores de oposición le pongan el cuidado necesario, partiendo de que Redondo es un peón del partido PLR.
Para organizar un debate presidencial no es necesario que exista una Ley de Debates, pero en todo caso le correspondería al CNE ser el responsable de coordinar con los partidos una comparecencia de los candidatos para debatir los temas de país antes de acudir a elecciones. Los debates hasta ahora en EEUU no son obligatorios, no hay ley alguna que los establezca como parte de una contienda electoral. Cuando las televisoras convocan a un debate, los candidatos tienen la opción de asistir o no asistir, por lo general, los candidatos aceptan porque es la manera de ganar más simpatía en el electorado mostrando sus mejores aptitudes y condiciones para entender los problemas del país y tratando de superar al adversario para ganarle a partir de ese momento.
De aprobarse una ley de debates en Honduras, estos tendrían carácter de obligatoriedad, y aunque se designará al CNE como ente organizador del mismo, dada la situación de control de un sector de ese organismo el debate se volvería en una fuente de controversia política más que una vitrina de ilustración a los electores. En un país como Honduras, donde la politiquería sectaria se mezcla en todos los quehaceres de la vida pública, la actividad de un debate no sería la excepción y aunque haya un marco legal, una vez que un partido autoritario se proponga controlarlo es casi seguro que lo usara como una herramienta a su favor.
Ahora, si llegara a aprobarse una Ley de Debates, que contemple que sea la sociedad la que organice los debates presidenciales será otra cosa. En Honduras, la sociedad civil se ha consolidado y hay organizaciones que tienen condiciones de seriedad que les ha hecho ganar la suficiente credibilidad para fungir como jueces imparciales en una actividad importante como los debates, que ayudan a que los electores puedan clarificar las posiciones de los aspirantes políticos. Sin embargo, como la iniciativa del debate la presenta el diputado Luis Redondo, que tiene en su haber una sarta de entuertos antidemocráticos que desprestigian y ensucian al Poder Legislativo, de inmediato asalta la duda, y lo que menos podemos pensar es quien está detrás de Luis Redondo en este asunto de los debates.
Reiteramos la preocupación de que, para organizar los debates, la mano oficial de un presidente del Congreso que sigue fungiendo desde la usurpación, salpica de dudas cualquier iniciativa de ley. En este sentido, la sociedad civil hondureña representada por instituciones serias como las iglesias, organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y los medios de comunicación, deberían alzarse como los promotores de futuros debates electorales, que son importantes para la población hondureña y para fortalecer el sistema democrático. Mostrar indiferencia ante lo que podría ser una nueva «trapichada» del diputado Luis Redondo, dejándolo que tome como una actividad propia una posible Ley de Debates, puede resultar otro inconveniente para la democracia hondureña, en la que Redondo no ha desempeñado un papel favorable a la democracia. Un individuo cuyo proceder habitual es el de andar por los caminos oscuros de la ilegalidad, es capaz de maquinar cualquier cosa que favorezca a su apetito político personal.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 2 de agosto de 2024.