Miembros de la Plataforma Agraria del bajo Aguán protagonizaron un plantón de protesta esta mañana frente a la Casa de Gobierno, para denunciar la manipulación de los contenidos de un decreto que tutela las áreas protegidas.
Los denunciantes argumentan que el decreto legislativo 18-2024, publicado este lunes en el diario oficial “La Gaceta”, se modificó para permitir el acceso a zonas productoras de agua de un proyecto de generación eléctrica.
El cambio se refiere específicamente al artículo cinco del decreto, que según los miembros de la Plataforma fue cambiado de forma dolosa para permitir la explotación de predios en el parque nacional “Carlos Escalera”, que es una zona protegida.
Gracias a estas modificaciones, aprobadas en el Congreso Nacional, hay dos emprendimientos empresariales, “Inversiones Los Pinares” y una generadora termoeléctrica planificadas para la zona y rechazados por la Plataforma.
De igual manera, miembros de la Plataforma exigieron al gobierno la formación de una comisión que investigue presuntas violaciones a los Derechos Humanos durante los últimos treinta años en la zona del Bajo Aguán.
La formación de la comisión está contenida en un acuerdo firmado entre los campesinos, el gobierno y los empresarios de la zona como guía para la solución de conflictos en enero de 2,022, pero nunca se puso en funcionamiento.
Los campesinos denuncian que empresas de seguridad contratadas por empresarios agroindustriales de la zona, fuerzas policiales y militares son responsables de la violación de sus Derechos Humanos sin que nunca se les hayan deducido responsabilidades.
Dentro del convenio se especifica la necesidad de reparar los daños sufridos por los campesinos y la creación de un mecanismo de protección que impida nuevos abusos.
La Plataforma también anunció que mediante un proceso de revisión de los contratos de compra-venta de las tierras de la reforma agraria adquiridas por empresarios agrícolas, ha comprobado que muchos de esos acuerdos se hicieron al margen de la ley.
Según los labriegos, debe llevarse a cabo un proceso de remedición de las tierras de algunas de las cooperativas de la zona para devolverles las tierras que legítimamente les pertenecen.