El mayor fallo del modelo democrático hondureño, acaso el que más coste nos ha dejado a los ciudadanos que no participamos activamente en política, es haber permitido que instituciones débiles como el Ministerio Público no hayan respondido ante una acción ilegal como usurpadora, como fue el asalto a la directiva del Congreso Nacional, dejándola pasar como algo intrascendente. Los medios informativos y los que hacemos opinión pública lo denunciamos como el acto repugnante que fue: LIBRE se adueñó de la conducción del parlamento hondureño, sin tener la mayoría de diputados. Este sin duda que fue un caso inédito que solo podía ocurrir por medio de la fuerza y la violencia, que son los argumentos del fascismo, que no se mide para usar la arbitrariedad en exceso para conseguir sus objetivos.
En ocasiones anteriores se ha visto en el Congreso Nacional la perversión de la mayoría, cuando un partido obtiene el mayor número de diputados y actuando como una aplanadora barre en todas las votaciones sin dejarle a la minoría más que la oportunidad del pataleo. Pero eso es natural, porque en democracia es la mayoría la que decide y a las minorías solo les queda conformarse con las migas políticas que les permite la mayoría. Lo antinatural es lo que está sucediendo actualmente en el Congreso Nacional, donde una minoría usando la fuerza se ha adueñado del poder de decisión que le corresponde a la mayoría.
Lo que está pasando en el Congreso Nacional es una cadena de oprobios antijuridicos, y si no veamos. La forma arbitraria y violenta en que un grupo de diputados de LIBRE desalojo a la directiva electa legalmente es un caso único de violación constitucional en la historia de Honduras. Lo grave es que las instituciones como el Ministerio Publico y el Poder Judicial en ese momento se quedaron pusilánimes como si no existieran.
El fiscal general Oscar Chinchilla y el fiscal adjunto Daniel Sibrián, aunque estaban a punto de concluir su periodo, tenían el deber de accionar los mecanismos que establecen las leyes. El fiscal general Oscar Chinchilla brillo por su inoperancia, obvio que estaba harto del cargo o porque pacto con el nuevo gobierno para no interferir en sus propósitos a cambio de que lo dejaran marcharse cómodamente a ocupar su cargo en la Corte Centroamericana de Justicia.
El Poder Judicial, aunque estaba a punto de expirar su periodo, tenía la obligación de resolver los recursos que se interpusieron de inmediato ante aquella barbaridad antijuridica que se había cometido por el grupo de diputados violentos de LIBRE, que con lujo de violencia despojo a los directivos legalmente electos para proceder a imponer a Luis Redondo y otros diputados que asumieron cargos en forma ilegal y en condición de usurpadores. Igualmente responsables son los sectores de sociedad civil, el Colegio de Abogados y las iglesias que se quedaron pasmados, viendo cómo se cometía el oprobioso asalto al Congreso Nacional sin reaccionar como debieron hacerlo.
Igual sucedió con los medios de comunicación, donde fuimos unos pocos los que pusimos la voz de alarma desde el primer momento, calificando aquel infame asalto al Congreso Nacional como algo ilegal y usurpador. Porque desde el primer momento, la directiva ilegal se dejó venir con una andanada de ilegalidades, en primer lugar, aprobando el «Decreto de Amnistía» conocido como «Pacto de Impunidad». Mas tarde, la ilegal directiva del Congreso Nacional guiados quien sabe por quién, nombro una pseudo Comisión Permanente que está suplantando al pleno del parlamento, una verdadera monstruosidad antijurídica propia de las dictaduras marxistas, populistas y fascistas.
El colmo del oprobio es que la pseudo Comisión Permanente prosiguiendo con su carrera de abusos nombro a dos fiscales en forma interina que están tomando decisiones que contradicen el espíritu de hacer justicia, como se demuestra al descabezar la ATIC por atreverse a investigar al director de CONDEPOR, por el supuesto escándalo de la «grama de oro», como bautizo la prensa deportiva a la compra sobrevalorada de la nueva gramilla del Estadio Nacional de Tegucigalpa. El parentesco del mencionado funcionario con miembros de alto nivel del gobierno levanta la sospecha de que el movimiento de las cabezas de la ATIC, se hizo para proteger un acto de corrupción, lo que deja mal parado al Gobierno de la Presidente Xiomara Castro en su promesa de combatir la corrupción.
En los corrillos políticos ha trascendido que la pseudo Comisión Permanente pretende aprobar la Ley de Justicia Tributaria, con la cual el gobierno busca captar mucho dinero para sus objetivos políticos, usando la excusa de que hay empresas que no pagan impuestos, para lo que ya existen mecanismos legales para deducir responsabilidades. Este paso sería lo más diabólico que desde ya levanta sospechas de ser un golpe mortal contra el sector empresarial que ya padece de un enorme agobio por la estrechez que atraviesa la economía.
Esta conducta de la pseudo Comisión Permanente es producto de que el diputado Luis Redondo, en su ambición personal está dispuesto a crear una gravísima inestabilidad política en Honduras, que afectara en primer lugar al Gobierno de Xiomara Castro. Por supuesto, el gran ganancioso de este grave ardid es el diputado Luis Redondo.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 14 de noviembre de 2023.